Alcaldesa de Arraiján responde a críticas por demoliciones
La orden de remoción inmediata de estructuras, anuncios publicitarios y otras edificaciones sobre servidumbres viales y pluviales fue emitida por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Demolición de pequeños negocios.
Por: Eric Montenegro- Crítica -
La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, enfrentó los señalamientos en su contra por la remoción de vallas publicitarias y locales comerciales ubicados en servidumbres públicas en los corregimientos de Vacamonte y Veracruz.
La orden de remoción inmediata de estructuras, anuncios publicitarios y otras edificaciones sobre servidumbres viales y pluviales fue emitida por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Así lo informó la alcaldesa Peñalba mediante un comunicado, en el que precisó que el fundamento legal para dicha acción se encuentra en el artículo 4 de la Ley N.º 11 del 27 de abril de 2006.
La Alcaldía de Arraiján fue comisionada por el MOP para llevar a cabo las diligencias de liberación de la servidumbre vial en el corregimiento de Vacamonte.
Esta acción era necesaria para continuar con el proyecto de ampliación de la vía autopista–puerto de Vacamonte.
Según la alcaldesa, una serie de actos administrativos previos que contravenían las disposiciones legales vigentes hacían necesaria su revocación en todo el distrito de Arraiján.
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Por otra parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), certificó que no mantiene relación contractual alguna con los propietarios de establecimientos en esta zona costera.
Por tal razón, la Alcaldía de Arraiján procedió con la remoción de las estructuras ocupadas por estos, no solo por estar ubicadas en terrenos nacionales, sino también por haber sido construidas de manera ilegal en las servidumbres de playa.
La alcaldesa Peñalba añadió en su comunicado que las estructuras ilegales están siendo removidas —y continuarán siéndolo— sin derecho a indemnización.
Los costos derivados de las demoliciones correrán por cuenta de quienes hayan ocupado indebidamente las áreas afectadas, conforme a las leyes vigentes.
