Ana Matilde quiere que le borren condena y que el Estado le pague

La exprocuradora Ana Matilde Gómez -condenada por la Corte Suprema de Justicia por interceptar ilegalmente al exfiscalArquímedes Sáez-, pidió ayer en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se revoque la sentencia, que le paguen salarios caídos, que le paguen, que el Estado le pida perdón... en fin borrar todas las consecuencias del fallo.

Los cuestionados pinchazos se dieron en el 2005 durante la administración del mandatario Martín Torrijos; el 17 de julio del 2007 bajo ese mismo gobierno PRD, el pleno de la Corte Suprema advirtió que Ana Matilde Gómez no tenía autoridad para disponer escuchas telefónicas. Ese fallo surgió tras un recurso de inconstitucionalidad promovido por Arquímedes Sáez.

El exembajador Jorge Isaac Chandeck también denunció que en el mismo año 2005, la exprocuradora también ordenó pinchazos en su contra.

La audiencia de ayer en la CIDH surgió porque Gomez presentó una demanda contra el Estado, que según ella, violó sus garantías judiciales, producto del cual fue “arbitrariamente” separada de sus funciones.

En la audiencia de más de una hora, en la que participaron representantes de la CIDH y Farah Urrutia en representación de la Cancillería de Panamá, se acordó iniciar un proceso de solución amistosa del caso con acompañamiento de la CIDH.

Ana Matilde Gómez fue condenada en agosto del 2010 a seis meses de prisión por delito de abuso de autoridad, pena que fue reemplazada por 40 días multa, equivalente a $4 mil y removida como Procuradora.

En la audiencia, la exprocuradora alegó que "esto ha sido un estigma que he cargado por 11 años, cada vez que mi nombre sale por cualquier oportunidad que tengo laboral me dicen la condenada, la pinchadora, nadie me quería dar trabajo...pasé de ser Procuradora a dictar clases en una escuela secundaria...todo el tiempo tengo que explicar que yo no he escuchado la conversación a nadie, que no soy una pinchadora", sostuvo entre lágrimas.

A la representación del Estado le faltó argumentación y casi admitió por omisión. Su alegato central fue pedir un plazo corto para llegar a un acuerdo. En 10 días, la CIDH pedirá una respuesta al Estado panameño y de no prosperar la solución pacífica, habrá dos meses para aportar pruebas.

Gómez- quien fue compañera de colegio del mandatario Martín Torrijos- cuestionó ante la CIDH la forma en que son elegidos en Panamá los magistrados de la Corte y el Procurador General de la Nación y denunció la injerencia política, a pesar de las recomendaciones del Pacto de Estado por la Justicia.