Cámara de Comercio repudia protesta obrera con violencia
Empresario Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (Cciap).
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Por: Redacción Impreso -
La Cámara de Comercio, de Panamá repudió los actos de violencia como mecanismo de presión para la resolución de conflictos, porque en un país democrático, el respeto a la ley y el diálogo son los únicos caminos legítimos para encontrar soluciones a los desafíos nacionales, incluyendo la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS).
Para los comerciantes, acciones dirigidas a infundir el terror para obligar un objetivo no solo generan caos e incertidumbre, sino que también alejan a Panamá de la convivencia pacífica, el desarrollo y la inversión, afectando a todos los ciudadanos, en especial a los más vulnerables.
Según el gremio, una vez más, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) ha demostrado su falta de compromiso con el diálogo para encontrar soluciones pacíficas consensuadas e históricamente ha optado por la imposición mediante la fuerza, el bloqueo de calles y la intimidación.
Los sindicatos, como los gremios empresariales y las asociaciones en general, son organismos reinvidicativos para procurar el mejoramiento y la defensa de los intereses de los asociados y no pueden ser, en un Estado de Derecho, tropas de choque para imponer caprichos, resalta la Cámara.
La patronal sostiene que los panameños hemos dejado alto y claro que queremos un Panamá en democracia y no respaldamos estrategias basadas en la intimidación, confrontación y el caos, sino aquellas que privilegian el respeto y la concertación.
Los cierres de vías, la destrucción intencional de la propiedad pública y privada, las amenazas y la violencia no son herramientas válidas para exigir cambios. Estas acciones no solo afectan la movilidad y la ya golpeada economía, sino que también perjudican a miles de panameños que diariamente trabajan para sacar adelante a sus familias, resaltan los empresarios.
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De igual modo, alegan que ante la gravedad de los hechos ocurridos, resulta inminente que el Ministerio Público realice las investigaciones pertinentes y garantice que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia, las pruebas son evidentes, claras e irrefutables.
