Capacitan a embajadores y autoridades sobre manejo del patrimonio del Estado

“Una simple lesión patrimonial afecta el futuro de todos, tú decides si quieres ser cómplice de ella o no.” Así lo expresó el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier del Rosario F., durante la capacitación sobre las competencias y atribuciones del TC, dictada a  nuevos miembros del cuerpo diplomático y autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

A primera hora, el magistrado Del Rosario  se reunió con más de 50 embajadores  y cónsules designados en el Salón Bolívar de la Cancillería, a quienes explicó los fundamentos institucionales, los principios básicos y la competencia del TC.

A los nuevos funcionarios del servicio exterior, el magistrado Del Rosario les instó a conocer los manuales de procedimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores para evitar -por acción u omisión- tener que enfrentar procesos en la jurisdicción de cuentas, ya que por la naturaleza del cargo se les considera empleado de manejo.

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Para los efectos de la Ley 67 de 2008, “empleado de manejo es todo servidor público que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe, autorice o pague por cualquier causa fondos o bienes públicos”.

“Ante la entrada de una nueva administración de gobierno, el Tribunal de Cuentas realiza este ciclo de conferencias en cumplimiento de su función preventiva, con el objeto de ilustrar a los funcionarios sobre sus obligaciones con el patrimonio del Estado y las consecuencias de no cumplirlas”, afirmó el magistrado Del Rosario.

Posteriormente, los magistrados Del Rosario y Alberto Cigarruista se reunieron con la ministra y viceministra de Desarrollo Social, Markova Concepción y Milagros Ramos, respectivamente,  y directivos de la entidad, a quienes detallaron la importancia de conocer las responsabilidades  sobre el correcto manejo y custodia de fondos del Tesoro Nacional y de las pérdidas que ocurran a causa de la negligencia  o su uso ilegal.

En la actualidad, el TC mantiene abiertos 216 procesos con 2,238 personas involucradas, entre funcionarios y empresarios que contrataron con el Estado,  con un monto de lesiones patrimoniales en investigación de 275 millones de dólares.  Ya  ha recuperado 40 millones de dólares en efectivo y mantiene cauteladas 421 fincas, 353 cuentas bancarias, 11 bienes inmuebles y unos 800 autos.