Contraloría confirma perjuicio económico en albergue Funchipa

La Contraloría General de la República confirmó hoy un perjuicio económico al Estado por B/.37,160.96, luego de una denuncia penal del Ministerio de Desarrollo Social contra la Fundación Chilibre Panamá (Funchipa), por el supuesto delito contra la administración pública.

El 29 de julio de 2020, el Ministerio Público denunció las presuntas anomalías existentes en el manejo de los fondos asignados a Funchipa. Pero, a partir del 24 de febrero de 2021 se constituyó formalmente en querellante en el caso que atiende la Fiscalía Anticorrupción, luego de realizarse una auditoría interna que reflejó irregularidades en la administración del subsidio otorgado por parte del Gobierno Nacional.

El 25 de marzo de 2021, el Mides también presentó una denuncia penal contra el Centro de Rehabilitación de Menores Arturo Miró por presuntas irregularidades en la administración del subsidio estatal otorgado.

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“A través de estas denuncias, actuamos con transparencia de cara a salvaguardar y proteger los derechos humanos de nuestra niñez panameña, como también para garantizar que los fondos del Estado se utilicen de forma correcta en todo momento”, recordó la ministra María Inés Castillo, tras darse hoy el pronunciamiento de la Contraloría General de la República.

La titular de la cartera Social manifestó que, igualmente, apoya las investigaciones que efectúa la Contraloría sobre el uso de fondos públicos en el Albergue Arturo Miró, ubicado en la provincia de Chiriquí, el cual está siendo procesado por la Dirección Nacional de Investigación y Auditoría Forense de la Contraloría, a solicitud de este ministerio.

“Cada caso que atente contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes es inaceptable y nos compromete a todos a trabajar para que no vuelva a ocurrir”, indicó la ministra.

La actual administración del Ministerio de Desarrollo Social se encuentra fortaleciendo el monitoreo, supervisión y el correcto uso de los fondos del Estado, destinados a los proyectos sociales que supervisa la Oficina Nacional de Subsidios Estatales de la entidad, que en algunos casos ha dado como resultado la cancelación de subsidios en hogares y albergues de niñez y adolescencia que no cumplen con los estándares requeridos.

“Estamos fortaleciendo la institucionalidad del Mides en cuanto a la supervisión de los albergues subsidiados, designando a personal altamente calificado para garantizar una atención de primer nivel”, reiteró la ministra Castillo.

El Mides realiza constantes monitoreos e intervenciones con equipo multidisciplinario, dirigido por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), para revisar el cumplimiento de los estándares de calidad de los hogares de niños, niñas y adolescentes.

“Reiteramos nuestro compromiso con la sociedad y en especial con las personas en estado de vulnerabilidad”, puntualizó la ministra Castillo.