Contraloría detecta al menos un caso de dualidad en Planilla 172

"Patacón" mantiene un contrato por servicios profesionales en la planilla 172, aun cuando figura como Director de Relaciones Públicas en AAUD.

Por: Redacción Crítica - Miércoles 14 de octubre de 2020 04:30 PM

El Director Nacional de Auditoría General de la Contraloría, Alcides Segovia, entregó hoy al presidente de la Asamblea de Diputados, Marcos Castillero la resolución que da inicio a la auditoría de la planilla 172 de servicios profesionales de la Asamblea Nacional de Diputados.

Una evaluación prevía determinó que existe dualidad en al menos un caso de contratación, se trata del ciudadano Javier Ortega, quien mantiene un contrato por servicios profesionales en la planilla 172, aun cuando figura como Director de Relaciones Públicas en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

#SucesosCri El hecho se registró en septiembre y a la fecha, no hay respuesta por parte de funcionarios del hospital de Colón
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— Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 14, 2020

En la verificación en control previo para comprobar si hay o no dualidad en los cargos no se pudo detectar en primera instancia, debido a un error humano de codificación al registrar el número de la cédula de identidad personal del servidor en la Autoridad de Aseo, inmediatamente detectado este hallazgo comunicamos con la transparencia que caracteriza a esta entidad lo ocurrido y en este momento procedemos a verificar para detectar si hay más casos como este y tomar los correctivos para evitar que se repita.

El Contralor Gerardo Solís, producto de este hallazgo instruyó a la Dirección de Fiscalización la verificación de todas las planillas correspondientes al Órgano legislativo e inmediatamente se tengan los resultados procederemos a comunicar con transparencia los nombres de los funcionarios.

La Contraloría General reitera a la población que el resultado de la auditoría se hará público, así como el listado de los 1,751 funcionarios nombrados en la planilla 172 por un monto de 8.0 millones, sus salarios y periodo de contratación, a fin de que la ciudadanía pueda contribuir a la fiscalización social.