Defensoría no quiere que capen a los violadores

La Defensoría del Pueblo rechazó la aplicación de castración química para violadores y abusadores de menores de edad.

Las consideraciones se dieron en una subcomisión de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, designada para analizar el anteproyecto presentado por la diputada Fátima Agrazal.

Para la Defensoría esto va contra la integridad del ser humano y es contraria a la Constitución y a convenciones internacionales ratificadas por Panamá, pues como pena accesoria constituye en sí misma un trato cruel, inhumano o degradante y es violatoria de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero además que se constituiría en un nuevo tipo de pena de castigo que no se encuentra establecido en la legislación penal vigente.

Fátima Agrazal explicó que la iniciativa legislativa de castración química obligatoria incluye además la atención psiquiátrica y psicológica a las personas que tienen esas conductas.

El juez -además de la pena de prisión- podrá imponer adicionalmente la medida de castración química, debiendo solicitar un informe médico, siempre y cuando el delito se haya en perjuicio de un menor de 10 años de edad.

Si la persona es reincidente o habitual, la castración química será obligatoria. La propuesta también establece crear el registro de violadores y abusadores de menores.

El excandidato a la vicepresidencia de la República, exministro de Comercio, ex Canciller y ex ministro de la presidencia, Roberto Henríquez señala, “la castración química es costosa y difícil de controlar. Yo me inclino por la castración física. Es permanente, barata para el estado y buen disuasivo”.