Denuncian al Contralor por escándalo de auxilios económicos

Este lunes, el abogado Abdiel González ha interpuesto una denuncia criminal ante la Procuraduría de la Nación contra el Contralor General de la República, Gerardo Solís.

LEE TAMBIÉN LAS ÚLTIMAS NOTICIAS AQUÍ:

González acusa a Solís de delitos contra la administración pública en relación con el escándalo de los auxilios económicos otorgados por el IFARHU a familiares de altos cargos del gobierno y del sector empresarial.

La denuncia se fundamenta en delitos por omisión de deberes públicos, extralimitación de funciones y violación a la Constitución Nacional, la cual establece los requisitos y beneficiarios para recibir auxilios económicos.

González, quien también es secretario general del Movimiento Proyecto Arraiján 2,000, asegura que Solís presuntamente mintió al afirmar que la jurisprudencia le impedía divulgar los nombres de los beneficiarios de los auxilios económicos. Según González, la Ley 6 de Transparencia establece que esta información es pública y de libre acceso cuando se trata de beneficiarios o contrataciones.

El abogado afirma que Solís no ha cumplido con sus deberes y funciones como servidor público al reservar información sobre fondos públicos que se han malversado, malgastado y de los cuales se habla de más de $141 millones.

La semana pasada, el fiscal de las finanzas públicas admitió que unilateralmente tomó la decisión de no revelar el nombre del 56% de los beneficiarios de los auxilios económicos entregados por el IFARHU desde julio de 2019 hasta mayo de 2023. "La responsabilidad de no publicar los nombres de los beneficiarios fue una decisión administrativa de este contralor. Lo asumo yo porque estaban utilizando para ataques políticos", expresó.

Ante la denuncia presentada en su contra, el contralor Gerardo Solís declaró: "Confío en que el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, procederá en derecho como corresponda. Con humildad, como hombre de leyes, respetuoso de la institucionalidad democrática, esperamos eso. Los servidores públicos tenemos que soportar con estoicismo la pesada carga del escrutinio legal de nuestras acciones. Y a ello nos atenemos con la conciencia tranquila".