Dupla PRD - Panameñismo controlará Corte Suprema

María Eugenia López Arias obtuvo 7 votos para convertirse en la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de #Panamá. Hubo una abstención y un magistrado ausente.

Le acompañará como vicepresidente un antiguo simpatizante del Panameñismo: el magistrado Olmedo Arrocha.

López Arias designada por el gobierno perredista, también será presidenta de la Sala Segunda de lo Penal y de la Sala Cuarta de Negocios Generales. Arrocha presidirá la Sala Primera de lo Civil, mientras que Carlos Alberto Vásquez, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

La nueva presidenta de la Corte presidió el juicio por el asesinato del soldado estadounidense Zak Hernández, proceso que en su momento el embajador de EEUU, William Hugues denunció la existencia de manipulación política por parte de la dirigencia del PRD.

El septiembre pasado, los abogados Eliécer Plicett y Norma González presentaron una denuncia en contra de María Eugenia López en la Asamblea Nacional por presunto peculado, alegando que utilizó personal de seguridad del Órgano Judicial, para que prestaran servicios de seguridad y mantenimiento en una finca privada en El Valle de Antón.

Además desde hace 10 años enfrenta un proceso por supuestas faltas a la ética, denunciado por Ricardo Fuller, exdirigente de la asociación de empleados judiciales, ya que para diciembre de 2012, el Registro Público certificó operaba en unas seis sociedades, en cuatro de ellas como agente residente y en dos como tesorera, y la norma que regía que en ese momento impedía que un funcionario del Poder Judicial ejerciera la abogacía.

López Arias, según el jurista Fuller, específicamente ocupó el cargo de tesorera de las sociedades Cia Intérprete S.A. y The Translator Corp, así como agente residente de las sociedades Bior S.A., Aravi Deo Group S.A., Diálisis y Transplantes, S.A., y Diagnóstico S.A.

Unos 14 días después de la denuncia, la hoy presidenta de la Corte, renunció a las sociedades.

María Eugenia López se ha defendido alegando que las sociedades estaban inactivas, pero Fuller afirma que la DGI y el Registro Público certificaron que las sociedades no estaban disueltas, sino vigentes.