¡El extraño contrato del ‘Metabuscador’ o ‘Superpinchador’!

La Procuraduría de Panamá tiene en su poder una de las herramientas más poderosas de espionaje electrónico y de búsqueda de información personal y financiera, poniendo a un lado a los entes que legalmente deben atender estos asuntos, entre ellos el Instituto de Medicina Legal y la Unidad de Análisis Financiero.

Se trata del “Metabuscador”, una máquina compuesta entre software y hardware, que tiene la capacidad para documentar todo tipo de información con alcances desconocidos hasta la fecha y que la procuradora Kenia Porcell se ha negado explicar ante la solicitud formal realizada desde el 19 de agosto por Editora Panamá América (EPASA).

Documentos cruzados entre la empresa dueña del Metabuscador, la española Innotec, y la Procuraduría, revelan que Porcell habría estado usando esta herramienta de búsqueda de información un año antes de su expedita contratación directa y ratificación del contralor Federico Humbert.

El 30 de noviembre de 2017, Innotec le notificó por escrito a la Procuraduría que su suscripción al programa del software OpenText estaba vencida desde el 30 de septiembre de 2017, revela un documento obtenido por EPASA.

Esta fecha se contradice con la fecha de firma del contrato entre Porcell y el representante de Innotec System S.L.U. el 14 de julio de 2017. Es decir, para esa fecha la Procuraduría ya habría tenido un año de uso del “Metabuscador”, conocido popularmente como un “superpinchador”.

Según fuentes del Ministerio Público, en ese año antes del contrato, el “Metabuscador” se habría utilizado para armar expedientes como de la firma Mossack & Fonseca, alimentando en parte el mal llamado caso de los “papeles de Panamá”, que causó un grave daño de reputación al país.

También se armaron los casos de la agenda de persecución política del expresidente Juan Carlos Varela, en los cuales Porcell venía trabajando desde su paso por el Consejo de Seguridad, junto a su exalumno, el comisionado Rolando López.

López se jactaba de que fue él quien llevó a Porcell al Consejo de Seguridad y luego la puso al servicio de Varela, conexión que más tarde le permitió ser procuradora.

Epasa tuvo acceso, además, al informe técnico oficial con el que Porcell sustentó la compra directa del “Metabuscador” por un monto de $610,206.  La procuradora usó como excusa de la compra la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio y la necesidad que la empresa contratada no tuviera ningún vínculo con intereses en Panamá.

El informe presentado al Consejo Económico Nacional, controlado en ese entonces por Dulcidio De La Guardia, dio luz verde a la polémica contratación directa haciendo caso omiso a advertencias como la de la Autoridad Nacional de la Innovación Gubernamental que a pesar de haber sido casi obligado a dar su concepto favorable, no se hizo responsable de la misma e hizo una serie de observaciones a la Procuraduría, las cuales se desconocen.

El 24 de marzo de 2017, meses antes de la contratación directa a la empresa española, la AIG dijo en su certificación técnica que como entidad “no califica la urgencia” los proyectos, servicios o productos, solo evalúa los componentes técnicos de estos. “Así mismo, la AIG no tiene competencia sobre la figura de la contratación propuesta”, le advierte la institución a la Procuraduría dos meses antes de contratar formalmente al Metabuscador.  

En el informe presentado ante el Cena, la Procuraduría aseveró que las fiscalías y personerías manejan una serie de expedientes que requieren atención inmediata y “que con el propósito de llevar a tiempo oportuno los mismos, se necesita de un sistema y equipo que permita ubicar datos que se indexen y así brindarles celeridad para mejorar el proceso de investigación, toda vez que la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio así lo requiere”.

Contrario a lo expuesto por Porcell, la herramienta tampoco fue puesta de acceso a todas las fiscalías y personerías. Fuentes internas de la Procuraduría aseguran que los equipos de Innotec que conforman el “Metabuscador” fueron instalados en el primer piso del edificio Saloon del Ministerio Público, en Calidonia, y que el “Metabuscador” solo está al servicio de la procuradora Porcell, la Secretaría Administrativa y las fiscalías anticorrupción.

Es precisamente Yoni Contreras Samudio, el secretario administrativo de la Procuraduría, quien sustenta la compra directa ante el Cena en lugar de Porcell.