Empresarios piden diálogo y seguridad para superar conflicto

Gremios empresariales de Panamá pidieron este martes, en la segunda jornada de protestas nacionales antiminería, que impere el diálogo para afrontar esta coyuntura, que está generando pérdidas millonarias a la economía y derivando en vandalismo contra la propiedad privada y pública.

La Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) solicitó en una misiva que el Gobierno de Laurentino Cortizo y los sindicatos y otras organizaciones que lideran las protestas entablen "un diálogo serio para resolver las causas de fondo" de las mismas "con soluciones permanentes, consensuadas y respaldadas por la ciudadanía".

El derecho a la protesta no puede violar otro como de circular libremente en el territorio nacional, dijo la Apatel, en referencia a los bloqueos de carreteras y otras vías en el país.

Este martes por segundo día consecutivo al menos tres puntos de la carretera Panamericana, que cruza todo Panamá y lo comunica con Centroamérica, amanecieron bloqueados.

Hay temores de desabastecimiento de alimentos en los centros urbanos -ya comenzó a subir el precio de algunos-, que se nutren de la producción de provincias como la de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, así como de combustibles, ya que el transporte de carga está varado en los bloqueos.

Medios locales informaron que en Chiriquí los manifestantes abrieron puntualmente un bloqueo para dar paso a 32 autobuses con cerca de 2.000 migrantes irregulares que se dirigen a Costa Rica.

En la Ciudad de Panamá se ha cortado este martes el tránsito en avenidas, igual que el lunes, cuando se registraron choques con la Policía que incluyeron piedras y gases lacrimógenos, además de actos vandálicos como la destrucción de varias ambulancias y de bienes públicos, el ataque a una junta comunal y el saqueo de al menos un comercio.

Las autoridades informaron que unas 40 personas fueron aprehendidas en los desórdenes y que varios agentes resultaron heridos el lunes. La televisión local mostró imágenes de manifestantes lesionados aparentemente por balines.

Los líderes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo, y de la Asociación de Ejecutivos de Empresas (Apede), Temístocles Rosas, pidieron este martes que el Gobierno garantice la "seguridad" de los ciudadanos.

Rosas aseguró a la televisión local que se calcula en 80 millones de dólares las pérdidas diarias por las protestas por la renovación de la concesión a la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, que explota la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, dijo que durante el Consejo de Ministros previsto esta tarde "se va a analizar la situación (...) para la toma de decisiones", y volvió a defender las bondades del contrato ley aprobado el viernes pasado entre el Estado y la minera.

En ese sentido, el líder de Apede dijo que "sería muy lamentable" que las autoridades decretaran "un toque de queda o una suspensión de garantías constitucionales".

Las clases también están suspendidas en el sector público por la huelga de maestros, y en los colegios privados han optado por la opción virtual.

Los manifestantes rechazan el contrato ley por considerarlo lesivo a los intereses nacionales, y denuncian que mantiene los vicios que llevaron a que el anterior acuerdo fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el 2017, por lo que piden que sea derogado.

El Gobierno alega que el nuevo contrato ley, que establece una concesión a 20 años prorrogables, garantiza un ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares al fisco, "10 veces más que el anterior" y amplios poderes de supervisión estatal a la operación de la mina, entre otros.