Establecen topes de recaudaciones para gastos de campaña

El Tribunal Electoral de Panamá definió los límites financieros para los gastos de campaña de las elecciones presidenciales, incluyendo disposiciones específicas para diferentes partidos políticos y candidatos de acuerdo al Decreto No. 55 emitido el 21 de diciembre de 2023

Según esta normativa, las nóminas presidenciales podrán financiar gastos de campaña, como movilización, hospedaje, activistas, caravanas y más, con recursos donados o propios, con un tope máximo de $10 millones. Esta medida busca regular y transparentar el uso de fondos en el proceso electoral.

El documento también detalla montos específicos que podrán recaudar partidos políticos de fuentes privadas para gastos de campaña. Por ejemplo, el Partido Popular, Molirena, Partido Panameñista, Partido Alianza, Realizando Metas (RM), Partido Alternativa Independiente Social (PAIS) y Movimiento Otro Camino (MOCA) tienen un límite de $5,321,255.08, mientras que Cambio Democrático cuenta con un tope de $3,058,426.87.

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Sin embargo, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) no se rige por estas disposiciones debido a su recepción de financiamiento público, siendo el colectivo que más fondos recibe de esta naturaleza.

El PRD tiene asignado un financiamiento público preelectoral de B/.15,963,765.24. Por su parte, CD recibiría B/.12,905,338.37 en financiamiento público.

En este caso, al exceder el financiamiento de CD sobre el del PRD, se ajusta el límite de financiamiento de los demás partidos para mantener una equidad en el proceso. Es por eso que se reduce el monto que los otros partidos pueden recaudar de fuentes privadas a B/.3,058,426.87, asegurando así un equilibrio financiero entre los diferentes partidos durante las elecciones.

El decreto también establece regulaciones detalladas sobre los topes de gastos por cargo y circunscripción, así como disposiciones específicas para el financiamiento de campañas de candidatos por libre postulación.

Estas medidas tienen como objetivo garantizar la transparencia y equidad en el proceso electoral, regulando el financiamiento privado y sancionando los casos de rebase de topes financieros o la falta de presentación de informes, de acuerdo con el artículo 232 del Código Electoral.

Este marco regulatorio busca mantener la equidad entre los candidatos y partidos, promoviendo una contienda electoral justa y transparente en las elecciones presidenciales venideras.