¡Estos son... los de la reforma a la Constitución!

La Concertación Nacional para el Desarrollo, un organismo creado mediante la Ley 20 de 25 de febrero de 2008, como mecanismo de verificación y seguimiento de los acuerdos y metas que logren diversos sectores del país, es el responsable de gran parte de las reformas constitucionales que serán sometidas mañana a tercer debate.

Diputados como la perredista Zulay Rodríguez han cuestionado que un organismo de a dedo le imponga al país un paquete de cambios a la Carta Magna y los retó a someterse mejor al voto de los ciudadanos para una Asamblea Constituyente Originaria.

El proyecto de la Concertación incluía la reforma de 40 artículos, pero los diputados lograron adicionar unos cuantos pocos y reformular algunas de las propuestas.

En la Concertación está representado el Conato, el Conep, la Iglesias, las Universidades, los Colegios de Economistas y de Abogados, los partidos políticos, el Ejecutivo, la propia Asamblea Nacional, los pueblos originarios, la Etnia Negra, los grupos juveniles, los organismos de protección ambiental, las mujeres, organismos de promoción social, pequeños productores, gobiernos locales, clubes cívicos, el consejo nacional de la contraloría social del sistema público de salud, organizaciones de promoción de los derechos humanos, la SPIA y la representación provincial

Pero el proyecto de reformas constitucionales fue redactado por Mario Galindo. Juan Manuel Castulovich, Carlos Bolívar Pedreschi, Juan David Morgan, Esmeralda Arosemena de Troitiño, Aura Emérita de Villalaz y Hermelindo Ortega.

Dentro de las reformas figuran limitar a solo un periodo consecutivo la reelección de los diputados, se crea un Tribunal Constitucional y que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean nombrados por 15 años, pero de una terna seleccionada por la propia Concertación Nacional.

En la práctica, los diputados actuales podrán reelegirse dos veces, porque el tema de la limitación entra a regir a partir de las próximas elecciones.

Hay dos artículos que buscarían anular futuras candidaturas. Se cuela un artículo para que no pueda ser candidato un condenado por delito doloso y tampoco puede ser candidato a vicepresidente de la República un expresidente hasta 10 años después de su gestión.

Además se varía la forma de investigar y juzgar a los magistrados de la Corte y a los diputados.

Los diputados serán investigados por el Procurador de la Administración y juzgados por la Sala Penal de la Corte, decisión que es recurrible ante el pleno.

Se crea un Tribunal Constitucional de 5 miembros, que pueden ser investigados por el Procurador de la Nación y juzgados por una Comisión Especial de la Asamblea Nacional y la sentencia condenatoria será recurrible ante el pleno.

Otra reforma es que las denuncias contra magistrados de la Corte serán investigadas por el Procurador de la Nación y el procesamiento corresponderá al Tribunal Constitucional.

Los diputados lograron introducir un artículo que faculta a la Asamblea a designar un fiscal especial para investigar al Procurador de la Nación.

El proyecto de reformas debe ser aprobado en otros tres debates en la próxima legislatura que inicia en enero del 2020 y sometido a referéndum que se estaría realizado probablemente en octubre del otro año.