Fiscalía investiga esterilizaciones forzadas a indígenas

El Ministerio Público de Panamá informó que investiga una denuncia por el “delito contra la humanidad” por supuestas esterilizaciones no consentidas a mujeres indígenas de zonas apartada del país.

Se envió un equipo especial de fiscales a Bocas del Toro, donde supuestamente ocurrieron los hechos, para realizar “pesquisa” por los “posibles procedimientos de esterilización no consentidos.”

Esta investigación se inició por la denuncia presentada el17 de febrero por la diputada oficialista y presidenta encargada de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, Kayra Harding.

El escándalo estalló cuando la diputada independiente suplente Walkiria Chandler preguntó en una interpelación a la ministra de Salud encargada, Ivette Berrío, sobre las supuestas esterilizaciones forzadas de indígenas después de dar a luz.

Chandler afirmó que una comisión parlamentaria viajó a Bocas del Toro en octubre para investigar unos casos de leishmaniasis en menores de edad y un grupo de mujeres indígenas hicieron la denuncia sobre las esterilizaciones sin consentimiento.

Según la diputada suplente, el Ministerio de Salud (Minsa) fue notificado y se le envió un cuestionario al titular de la cartera, Luis Francisco Sucre, quien, supuestamente, nunca respondió.

El Ministerio de Salud informó que había iniciado una investigación por las supuestas esterilizaciones forzadas y que pidió informes a sus direcciones en la comarca Ngäbe-Buglé y en Bocas del Toro.

La autoridad sanitaria señaló que la ley estipula que para una esterilización permanente, el personal de salud debe informar a la paciente sobre el procedimiento y ésta debe firmar un consentimiento informado. De no firmarlo, “no se puede proceder con la intervención quirúrgica.”