Gremios empresariales alineados con propuestas de políticos opositores

La Cámara de Comercio advirtió que Panamá necesita cuanto antes un marco que permita fortalecer un verdadero Estado de Derecho que se caracterice por la separación de poderes, certeza del castigo y un sistema de justicia equitativo, de lo contrario caminamos hacia "convertirnos en un ‘Estado Fallido’, en tanto que la Apede -coincidiendo con políticos opositores- propone reformas constitucionales.

El gremio alega que las reformas al sistema judicial deben ser atendidas de manera urgente. al igual que la situación de la Caja de Seguro Social, que fueron promesas de campaña del mandatario Laurentino Cortizo, las cuales ha abordado con poca convicción

La sociedad está desprotegida de sus garantías fundamentales, situación que se ha evidenciado y empeorado durante la pandemia, donde la mayoría de los derechos son vulnerados frente a un sistema judicial que no es capaz de defender los más básicos derechos constitucionales de los ciudadanos.

Según la Cámara, por si fuera poco, no logra proteger ni siquiera a los niños y adolescentes de este país. Se pide que en el caso de los albergues donde se detallan atrocidades inadmisibles, la justicia no puede continuar paralizada y muda.

Casi en esa misma línea, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) pide poner en el centro del debate nacional el tema de la justicia la cual permanece en constante crisis de inestabilidad, incumpliendo sus fines.

La Apede -que fue uno de los gremios que impulsó a Eduardo Ulloa- ahora alega que la intempestiva renuncia del Procurador, genera una gran incertidumbre toda vez que no queda definido con claridad, el motivo de la misma, lo que denota una inaceptable fragilidad institucional, generando además especulación y desconfianza, innecesarias en este momento crucial de la historia nacional.

APEDE hace un llamado urgente a retomar el debate sobre los métodos de selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de la Nación y demás autoridades de las instituciones de control, a través de cambios constitucionales profundos.