GUPC, afectado por indecisiones de Zurich y Gobierno de España
La indecisión de Zurich, la aseguradora del proyecto de la ampliación, y del Gobierno de España, que tiene que asumir un costo adicional por las garantías, hizo
La indecisión de Zurich, la aseguradora del proyecto de la ampliación, y del Gobierno de España, que tiene que asumir un costo adicional por las garantías, hizo ayer imposible la firma del principio de acuerdo el día que vencía el enésimo ultimátum.
La constructora española Sacyr convocó a un consejo extraordinario para decidir los pasos a seguir ante las divergencias.
El problema principal radica en que Zurich todavía no ha dado su brazo a torcer para convertir los $400 millones del seguro que contrató el consorcio para protegerse de cualquier incumplimiento en una línea de crédito. Esa es la decisión clave para disponer de dinero efectivo con el que acabar el 30% restante del proyecto.
Pero no la única. Porque Sacyr ha pedido a Cesce, la aseguradora española de capital público, que también modifique el aval en un contrato de garantía del préstamo. Es decir, que el Gobierno asuma más riesgo, lo cual deberá ser aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno y, posteriormente, por el Consejo de Ministros. Una decisión nada fácil, porque el primer aval concedido por Cesce ya fue cuestionado por el Tribunal de Cuentas por “imprudente”.
La conversión del aval original que Cesce concedió al consorcio que lidera Sacyr para la ampliación del Canal de Panamá supondrá mayores riesgos para el Estado y para las entidades que componen el accionariado de la aseguradora de comercio exterior.
Al Gobierno español no le quedan salidas viables distintas de autorizar el cambio de aval para permitir que sirva de garantía para los préstamos que solicitará el consorcio para poder acabar la obra, dado que el principio de acuerdo alcanzado con la Autoridad del Canal de Panamá la semana pasada se vendría abajo si no se produce este cambio.
Lo que era un aval de cumplimiento de los trabajos, de tipo técnico, deberá ser ahora uno eminentemente financiero, para garantizar préstamos, lo que supondrá un mayor riesgo para Cesce y, por ende, para el Estado.
Por si fuera poco, el vacío de poder en Italia, cuyo primer ministro dimitió la semana pasada, dificulta aún más, si cabe, la rúbrica del acercamiento que la ACP y el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) alcanzaron la semana pasada. Porque Impregilo tiene, como Sacyr, un 48% de responsabilidad y requiere del apoyo del Ejecutivo italiano para cofinanciar la finalización de los trabajos. La belga Jan de Nul y la panameña Cusa disponen del 2% restante.
Así, el consorcio necesita más tiempo para cerrar el preacuerdo, por lo que las conversaciones deberán prolongarse si la ACP se muestra flexible.