La muerte por COVID-19 y el Estado de Derecho

Es concluyente que el COIVD-19 es un virus asintomático, que la persona que lo porta no posee un solo indicio para detectarlo en sus primeros 14 días de incubación, y que precisamente en esa característica radica su capacidad de transmisión.

Que es eso lo que lo ha convertido hoy en la más terrible amenaza a la humanidad y que al respecto todos los gobiernos del planeta a través de sus aparatos sanitarios ensayan como estrategia la posibilidad de detectarlo a tiempo, no solo para actuar en favor de las víctimas, sino para aislarlo del resto de las personas no contagiadas.

A tal grado llega la pandemia, que por estos días personalidades como la canciller de Alemania Angela Merkel han lanzado un dramático llamado para lograr la cooperación de cada persona en la batalla que se libra.

Muchos países han reabierto sus actividades por la presión que significa reactivar los aparatos económicos, pero esa presión no ha corrido paralela al respeto que se debe tener con las medidas de bioseguridad y luego entonces los muertos y los contagiados van en aumento. En Europa son más de 300 mil por día.

Por lo mismo causa sorpresa que algunos organismos, a titulo de una defensa del Estado de Derecho rechacen la estrategia de salud, consistente en los hisopados obligatorios, para detectar al enemigo asesino, lanzando a miles de panameños a las fauces del virus.

Es cierto que cada persona tiene derecho a rechazar un tratamiento si se quiere morir, desde luego que es su problema, pero igualmente es cierto que el Estado tiene el derecho y el deber de proteger la salud de la sociedad, sobre todo si la posibilidad de enfrentar la amenaza no ofrece igualdad de condiciones a todos los individuos.

Apelar al derecho que la Constitución consagra a cada individuo no exime del egoísmo y la indolencia a quienes los esgrimen como justificación para impedir el trabajo del cuerpo sanitario del Ministerio de Salud. Tal parece que necesitamos un cuadro como el de Italia para entender que este tema es de vida o muerte.

Es evidente que la respuesta puntual de gobierno a la pandemia ha impedido el colapso del sistema, que aun haya un número suficiente de camas para pacientes y que las muertes registradas diariamente hayan disminuido, pero eso no significa que la amenaza haya cesado, o que si se baja la guardia no vayamos a entrar en un cuadro similar como el de España o Francia.

Parece un facilismo sin preocupación alguna detener la estrategia del Ministerio de Salud cuando el enemigo avanza, propiciando para los días venideros escenarios más complicados. A menos que los que hablan de derechos hoy sepan como superare el debate en los cementerios.

Ojalá que los mismos que hoy acuden al Estado de Derecho para detener la lucha del Minsa, no sean los mismos que mañana señalen como responsable al Estado si llega el caso de un rebrote con más fuerza y más peligroso de lo que ha habido hasta ahora.

¿Hay algún derecho que esté por encima de la defensa de la vida?