Le imputan cargos por tráfico de armas a Rolando "Picuiro" López

Se le dictaron medidas cautelares de impedimento de salida del país y reporte periódico una vez cada mes.

Foto: Edwards Santos

Por: Redacción Crítica - Martes 28 de julio de 2020 05:45 PM

Un juez de garantías imputó cargos por posesión y tráfico de armas al exjefe del Consejo de Seguridad, Rolando "Picuiro" López, y se le dictaron medidas cautelares de impedimento de salida del país y reporte periódico una vez cada mes.
López llegó a eso de las 9:00 de la mañana a una audiencia de control de afectación de derechos e imputación relacionada con la Operación Furia, investigación por supuesto tráfico de armas.
La audiencia tardó 7 horas.
El abogado Ángel Alvarez, defensor de López, dijo que ellos presentaron razones suficientes para que la medida cautelar fuera la menos severa posible. El Ministerio Público analizará si apela la medida cautelar impuesta por el Juez.

#SucesosCri El abogado Ángel Alcarez explica que Rolando López, exdirector del Consejo de Seguridad, deberá reportarse todos los días 30 de cada mes tras ser imputado por el caso de tráfico internacional de armas. Video: @esantos120170 p pic.twitter.com/zeSSFATjbC

— Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) July 28, 2020

Este caso que es investigado por la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada se remonta al 11 de marzo del año 2019, cuando la Unidad Especial de Informaciones Sensitivas abrió la carpeta 201900014171 en base a la información de un "testigo protegido".

En ese mismo caso, el fiscal Emeldo Márquez logró que el Juez de Garantías Erick González dictara arresto domiciliario para los ex directores de la Policía Nacional, Omar Ariel Pinzón; el del Senan, Belsio González y del Senafront, Frank Ábrego. Además se les imputó cargos.

Tanto Rolando López como Pinzón mantenían en su poder fusiles de asalto (arma de guerra) marca IWI, modelo X95, Calibre 5.56/.223 series 43806730 y 43806731. La defensa de Rolando López alega que éste la devolvió al Senafront al verificar que esa entidad era el usuario final, a pesar de que se le había donado y hasta tramitó un permiso para su uso.