Nito, 17 ministros y 44 diputados serían denunciados por ley 406

Un presidente, 17 ministros y 44 diputados están expuestos a múltiples denuncias por haber firmado la resolución que autorizó el contrato con Minera Panamá y por aprobarlo en la Asamblea Nacional y dar paso a la Ley 406.

La resolución de Gabinete No.114 del 10 de octubre del 2023 lleva las firmas del mandatario Laurentino Cortizo y de los ministros Roger Tejada, Maruja Gorday, Luis Sucre, Federico Alfaro, Milciades Concepción, Augusto Valderrama, Jorge Almengor, Aristides Royo, Vladimir Franco, Rafael Sabonge, Doris Zapata, Rogelio Paredes, María Inés Castillo, Juan Pino, Giselle González, José Simpson y Juana Herrera. La única que se salvaría sería la canciller Janaina Tewaney Mencomo, quien andaba de misión en El Vaticano.

El fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la Ley 406 del contrato minero deja en evidencia la violación de 25 artículos de la Constitución y hace fuertes señalamientos el Ejecutivo y al Legislativo.

El periodista de CNN, Fernando del Rincón advirtió que en Panamá deben deslindar responsabilidades, porque es atroz que con una ley se violen más de una veintena de artículos de la Constitución. No se pueden tener Gabinete, presidente y legisladores que o no conocen su Carta Magna o que le pasen por encima, añadió el presentador de origen mexicano.

Para Rincón debe haber una Comisión que haga una investigación al respecto...es necesario, porque eso no puede quedar como una anécdota. El propio fallo sería la prueba sumaria para las denuncias.

El abogado Roberto Ruiz Díaz considera que todos los actores que tuvieron que ver algo con la firma del fallido contrato, tiene algún grado de responsabilidad penal.

El letrado indicó que la figura principal es el exministro de Comercio, Federico Alfaro Boyd, porque fue quien firmó el contrato en nombre del Estado, el contralor Gerardo Solís, que lo refrendó sin la debida fiscalización.

Ruiz afirmó que la Comisión de Comercio de la Asamblea también tiene responsabilidad, esto al pedirle al Ejecutivo que retirará y modificará el contrato.

También el pleno de la Asamblea que lo aprobó y luego el presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien en tiempo récord, una vez aprobado el contrato por los diputados, procedió a refrendarlo.

“Aquí tiene que haber responsabilidades y por eso es que no renuncian los funcionarios para que sea la Sala Segunda la que los atienda de aquí a julio del año 2024”, dijo.

Posibles delitos

En cuantos a los posibles delitos incurridos, Ruiz indica que está el que establece el artículo 431 del Código Penal de Panamá.

El mismo indica: “Quien esté encargado por el gobierno de la República para tratar asuntos de Panamá con un gobierno extranjero o con empresa extranjera y traicione su mandato de manera perjudicial para los intereses públicos, será sancionado con prisión de dos a seis años”.

También el del artículo 425 del mismo código que dice: “Quien ejecute un acto para someter la República, en todo o en parte, a un Estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad, será sancionado con prisión de quince a veinte años de prisión. Cuando la conducta descrita fuera realizada por un servidor público o a través de tratados, convenios o acuerdos celebrados para tales efectos, la pena será de veinte a treinta años”.

Además, están los delitos de extralimitación de funciones, abuso de autoridad, entre muchos otros.

Recién, el abogado Abdiel González, presentó una denuncia contra los 45 diputados de la Asamblea, en su mayoría PRD, que aprobaron el proyecto de Ley 406 sobre el contrato entre Minera Panamá y el Estado.

Por su parte, el Dr. Miguel Antonio Bernal sostuvo que la renuncia tardía de Federico Alfaro Boyd no basta. Faltan todos los otros ministros que firmaron el contrato, así como el contralor y el hoy embajador en USA, Ramón Martínez...todos deben renunciar por violadores de 25 artículos de la Constitución. También Nito y los 45 diputados deben renunciar YA.

En tanto, el abogado Carlos Barsallo interpuso una solicitud ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demandando la nulidad de la Resolución 114 del Consejo de Gabinete, la cual fue impugnada por presunta ilegalidad debido a un conflicto de intereses.

La base de la demanda radica en la supuesta violación de la Ley 316 de 18 de agosto de 2022, la cual regula los conflictos de intereses. Barsallo argumenta que el Ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge Vilar, participó en la aprobación de la Resolución 114, votando a favor del contrato de concesión minera, a pesar de mantener relaciones comerciales previas con Minera Panamá.