Piden investigar a 5 fiscales por no acatar decisión de la ONU

El abogado Basilio González solicitó al procurador general Encargado Javier Caraballo, una investigación contra al menos seis fiscales, luego de que el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, calificó de ilegal la detención de Mauricio Cort, declaración que Panamá aún no ha acatado.

En una nota remitida al jefe del Ministerio Público (MP), el jurista defensor de Cort y García pidió a Caraballo que inicie una investigación contra los fiscales Zuleyka Moore, Ruth Morcillo, Tania Sterling, Elvis Coronado, Thalia Palacios y Nitzia Aizpú.

Igualmente, el letrado solicitó tomar las medidas pertinentes contra los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos de su representado.

La solicitud de está investigación contra los fiscales se da luego de que el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de la ONU, remitiera el caso de Cort al relator especial sobre independencia de jueces, fiscales y abogados, para que tome las medidas correspondientes del caso.

Dentro de la nota enviada a Caraballo, se le comunicó que el Grupo de Trabajo declaró arbitraria la detención de Cort y que la misma contraviene los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos tratados suscritos y ratificados por Panamá.

En su decisión, el Grupo de Trabajo de la ONU ordenó poner inmediatamente en libertad al también abogado y concederle el derecho a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, esto de conformidad con el Derecho Internacional.

Además, le solicitó al Estado panameño adoptar las medidas necesarias para remediar la situación de Cort sin dilación.

La ONU también instó al Gobierno panameño a realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación del abogado y que se adopten las medidas correspondientes contra los responsables de las violaciones de sus Derechos Humanos.

Además de la nota enviada al procurador Caraballo, la defensa de Cort también envió una carta a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, con copia a los otros ochos magistrados que componen esta corporación.

Esta nota, al igual que la enviada al jefe del MP, tenía cómo objetivo poner en conocimientos a las autoridades panameñas sobre la decisión de la ONU, así como por la inacción de la Cancillería, entidad que fue debidamente notificada de está decisión el 1 de febrero.

El abogado González indicó que el 9 de febrero pidió a la Cancillería que notificara a la CSJ sobre la decisión de la ONU, sin embargo, nunca recibieron una respuesta.