Proyecto inhabilitaría a quienes amañen contrataciones

La separación de sus cargos, la inhabilitación por ocho años y sanciones penales acarrea a los servidores públicos que permitan el vencimiento de las fianzas de cumplimiento en las contrataciones públicas llave en manos y otras, contempla el proyecto de Ley 807 aprobado en tercer debate.

La iniciativa aprobada por 40 votos de diputados de la Asamblea Nacional, modifica un solo artículo de la Ley 22 de 2006, "que regula la Contratación Pública".

En tal sentido, la Dirección General de Contrataciones Públicas y cualquier otra entidad del Estado deberá destituir de su cargo al servidor público que sea responsable cuando favorezca a algún proveedor o conceda información privilegiada en un acto público.

Igualmente, se destituirá al funcionario cuando incurra en la división de materia por aceptar donativos o cualquier beneficio para retardar u omitir un acto de violación de sus funciones, antes o durante el proceso.

También por omitir en su debido tiempo o permita el vencimiento, por culpa o dolo, la ejecución de la fianza o multa a los proveedores de bienes y servicios.

Propuesto por el diputado Roberto Ayala, el proyecto sustenta que cuando sea comprobado la comisión de las faltas el colaborador del Estado será sancionado con la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por ocho años. El Ministerio Público iniciará la investigación de oficio a fin de determinar la responsabilidad penal.