Querellan a Catín, Quijano y Alemán Zubieta

El actual administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, así como sus dos antecesores, Jorge Quijano y Alberto Alemán Zubieta, fueron querellados ante la Procuraduría General de la Nación por presunta comisión de delitos contra el ambiente, abuso de autoridad, infracción de los deberes de los servidores públicos y otros delitos.

Según el querellante, el abogado Donaldo Sousa Guevara, estos tres administradores cometieron delitos en el ejercicio de su cargo que afectaron negativamente los niveles de agua (y aumentaron la salinización) de los lagos Miraflores y Gatún. También los señala por haber permitido el paso por el canal de naves con carga radiactiva.

Sousa Guevara basa sus afirmaciones en un escrito del biólogo Ariel Rodríguez, titulado “Impacto de la Ampliación del Canal en los lagos Gatún y Miraflores”, en el que adelantaba que la ampliación del canal terminaría salinizando estos dos cuerpos de agua artificiales que abastecen las esclusas.

Este trabajo también advertía que esta ampliación significaría pérdida de volumen de agua para los lagos Gatún, Miraflores y Alajuela. Estas predicciones resultaron acertadas.

También afirma que funcionarios del Canal, incluyendo prácticos, han denunciado que las tinas de recuperación de agua, que debían servir para evitar la salinización, nunca han funcionado, y que las actuales compuertas del Canal ampliado tienen grandes fisuras permanentes, que dejan entrar agua salada de mar 24/7 a los lagos.

Además, añade que la ACP ha otorgado más de 160 compatibilidades a todo tipo de proyectos en la cuenca del canal, impactando el agua violentamente, causando daños y peligros al ambiente y la vida de la nación y sus ciudadanos.

Algunas de las obras que afirma han sido negativas son las canteras en el Alto Chagres de la empresa CEMEX, el proyecto Cárdenas Center, la ampliación de la vía Omar Torrijos y los estacionamientos de la Corte Suprema, en el Cerro Ancón.

El abogado pide a la procuraduría que además de acoger la querella, ordene con carácter de urgencia una medida precautoria para frenar los daños ambientales cometidos, y que los funcionarios querellados sean forzados a restablecer los daños ya causados.