Se les acaba el tiempo y tratan de guardar apariencia en abusos a RM

A 69 días para las elecciones generales y ante la mirada internacional que se posa sobre Panamá, el Órgano Judicial trata de cuidar sus pasos como no hicieron entre septiembre y diciembre de 2023, cuando Jueces y Magistrados hicieron gala de creatividad para leer entre líneas disposiciones sobre plazos y términos en procesos constitucionales y penales en el caso contra el candidato presidencial Ricardo Martinelli.

Esa creatividad se le denomina pretermisión procesal y muchas veces la consecuencia es la nulidad de diligencias o la nulidad de procesos, pero entre septiembre y diciembre de 2023, a pesar de las advertencias, sólo se recibían aplausos.

Sin embargo, instancias como la Organización de Estados Americanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), han sido alertados sobre lo que viene sucediendo en Panamá.

Los adversarios de Martinelli forzarzon que las formalidades podían ser ignoradas, por lo que ahora no entienden la razón por lo que la Jueza Baloísa Marquinez, los magistrados del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales: Manuel Mata Avendaño y José Hoo Justiniani, así como la Sala Penal, ahora sí le prestan atención a lo que antes soslayaron.

En el caso New Business hubo una seguidilla de actuaciones que pusieron de manifiesto que estaban judicializando la política. Se arrancó irrespetando el Principio de Especialidad, en el juicio el perito de la Fiscalía reconoció que los aportes de Martinelli para comprar parte de las acciones de Epasa fueron lícitos, la compra a la Familia Arias se realizó ajustada al Derecho bancario y leyes, pero además se utilizaron dos testigos ocultos que no se pudieron contrainterrogar.

El fallo en segunda instancia fue dictado el 24 de octubre por los magistrados del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, pero antes -el 18 de octubre- la Corte Suprema de Justicia había admitido un amparo de garantías constitucionales contra una decisión del mismo Tribunal en ese caso, donde el magistrado sustanciador ordenó la suspensión inmediata de la ejecución de las actuaciones en dicho proceso.

Sin embargo, Mata Avendaño, Hoo Justiniani y Eyda Juárez, le hicieron caso omiso a un magistrado de la Corte y se elaboraron un fallo de 302 páginas sobre el caso New Business que confirmó la condena de 128 meses de prisión contra Martinelli; de 60 meses a Janeth Ibeth Vásquez; 70 meses a Iván Arturo Arrocha Chevalier; 80 meses a Valentín Martínez Vásquez y 96 meses a Daniel Miguel Ochy Diez, así como ordenó el decomiso de los diarios de Epasa.

Lo que llamó la atención y sorprende por lo inusual, es que la sentencia de segunda instancia del 24 de octubre de 2023, se da a la tarea de mencionar el amparo de garantías constitucionales del 18 de octubre de 2023. Entre el miércoles 18 de octubre y el martes 24 de octubre hubo 3 días hábiles. Es decir, en tres días se concluyó la elaboración del proyecto de 302 páginas y además fue leído simultáneamente por los magistrados.

En este mismo caso hay otras decisiones que asombran por el impulso procesal impreso, porque es usual y resulta común que en el trámite de apelaciones de sentencias mixtas, es decir, de decisiones de primera instancia donde hay absueltos y condenados. Las absoluciones usualmente son recurridas por la Fiscalía y/o la Querella. Las condenas por la Defensa Técnica y a veces, no siempre, por la Fiscalía y la Querella, que buscan agravar las condenas.

Dicho trámite se hace bajo una misma cuerda, es decir, se tramita todo por igual, pero el Tribunal Superior de Liquidación Penal decide no tramitar las apelaciones bajo una sola cuerda y le imprime impulso procesal a las apelaciones contra las condenas, dejando en suspenso las apelaciones contra las absoluciones. Es decir, de facto aplica una ruptura procesal, que no está contemplada en la Ley.

Además la sentencia mixta en la que se condenó a Martinelli y otros, no puede estar en firme, si aún está pendiente el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía contra las absoluciones.

Hasta ahora se desconoce cuál ha sido la suerte de los seis empresarios absuelto por la jueza Marquínez: Gonzalo Gómez Wong; Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares, Iván Clare, Aaron Mizrachi y Vernon Salazar, pero que fue apelado tras un Recurso de Hecho admitido por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

La semana pasada ocurrió otro elemento más. Los enemigos políticos de Martinelli anunciaron por las redes que se daría un anuncio en el Órgano Judicial sobre el supuesto traslado del caso New Business a la doble instancia del Tribunal Electoral.

El director de asesoría legal electoral, Rubén González, se presentó al Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales de Panamá a solicitar información del proceso en una actuación cuestionada y nunca antes vista en Panamá.

A su salida del Órgano Judicial, el funcionario aseguró haberse reunido con la jueza Marquínez, la cual, según él, le informó que la sentencia mixta de este caso, aún no se mantiene en firme.

Horas más tarde, el Órgano Judicial aclaró que lo declarado por el asesor legal del TE, no estaba ajustado a la realidad.