¡Sepa por qué Varela quiere cerrar Epasa!

El aparato perseguidor del Gobierno varelista ha formalizado su ataque al Grupo Epasa, abriendo una investigación de "blanqueo de capitales" contra empresarios que alega participaron en la compra del conglomerado editorial a la Familia Arias y que involucró al Banco General.

Las indagatorias buscan desprestigiar a Epasa y forman parte de un plan de persecución sistemático encabezado por el propio presidente Juan Carlos Varela, el Partido Panameñista y los militares enquistados en el Consejo de Seguridad.

La persecución contra Epasa ya fue advertida por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que el 8 de febrero pidió un alto a la “intimidación y censura que afecta la libertad de prensa”.

 Desde el 14 de junio de 2016, es decir hace casi un año, y violentando la independencia del Ministerio Público y el debido proceso, Varela advirtió que la Procuraduría preparaba un proceso legal contra Epasa, sin que esa agencia de instrucción, Epasa o sus abogados lo supieran.

A raíz del desliz de Varela, la propia Kenia Porcell negó la existencia de algún proceso contra la editora de los diarios “Crítica”, “Panamá América” y “día a día”.

Juan Carlos Varela no es el único que lanzó amenazas y ataques continuos contra Epasa, su hermano, el diputado José Luis Varela; su lugarteniente y expresidente de la Asamblea Nacional, Adolfo “Beby” Valderrama; su colega panameñista Jorge Iván Arrocha y el exarnulfista Jaime Abad arreciaron la embestida.

Arrocha, en el pleno de la Asamblea Nacional, y Abad, en una denuncia en el Ministerio Público, alardearon de información bancaria confidencial que solo puede ser obtenida mediante orden judicial o a través del Consejo de Seguridad, entidad que está bajo el mando directo del presidente Varela.

¿Qué motiva la campaña de Varela y sus allegados contra Epasa?

 Simple: las constantes denuncias de los nexos del propio gobernante y de allegados a su familia con el escándalo de sobornos de Odebrecht; presuntos actos de corrupción de su círculo cero y donantes de campaña.

La cadena de amenazas contra Epasa tomó fuerza en el pleno de la Asamblea cuando Arrocha, el 1 de febrero pasado, advirtió: “Quiero pedirle a la procuradora que investigue a un diario de Panamá, a un diario que en la administración del presidente Ricardo Martinelli fue comprado en este país, y me refiero al Grupo Epasa”.

Arrocha prosiguió: “... yo quiero pedirle a la procuradora que se investigue cómo se adquiere la compra de este medio de comunicación, porque yo me he quedado callado dos años y he estado recogiendo información y recopilando investigaciones y prontamente vamos a entregar el resultado de esas investigaciones …”.

Luego los mismos informes y cuadros que mostró Arrocha sobre cuentas bancarias fueron usados para la denuncia de Abad, un sujeto que se confesó ser asesor “ad honorem” de la Procuraduría, y que fuera condenado por falsear una prueba de balística.

Detrás de Arrocha está “Popi” Varela.   Las publicaciones que irritaron al hermano del presidente sostienen que su cuñada Margarita  y su esposo, Juan Antonio Niño, están vinculados a Active Capital Holding, incluida por Suiza entre las que presuntamente movieron dinero de Odebrecht.

En febrero pasado, “Popi” Varela acusó a Epasa de publicar falsedades sobre los Niño, pero la información fue corroborada por otros medios de comunicación y por abogados que tienen acceso a los expedientes sobre Odebrecht.

Luego, entre el 13 y el 21 de marzo, Epasa publicó las cuestionadas compras, con dinero público, al grupo de empresas Coremusa, vinculado a   “Beby” Valderrama, y suspicaces compras que hizo Arrocha con dinero público a estas empresas. 

Además, informó la contratación de  familiares de Valderrama en  instituciones con las cuales Coremusa realiza negocios.

Pero a Juan Carlos Varela lo que más le molestó fue que los diarios de Epasa pusieran al descubierto las delaciones de los ejecutivos del Departamento de Sobornos de Odebrecht, Fernando Migliacio y Luiz Eduardo Soares, de que hubo presiones de la compañía brasileña a un presidente panameño para que obstaculizara la investigación de Lava Jato y que el presionado era el actual mandatario de Panamá.

Y es que la evidencia demuestra que la procuradora Porcell ha participado en esa tapadera, porque la petición de asistencia judicial de Brasil se hizo el 9 de febrero de 2015 y fue recibida el 17 de marzo de 2015 en Panamá. Kenia Isolda Porcell mandó una respuesta incompleta en octubre de ese año y 18 meses después, el fiscal Deltan Dallagnol advertía la resistencia panameña al total cumplimiento del pedido.

Ayer Kenia Porcell reveló en un comunicado de 4 párrafos que a través de su Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Marcelino Aguilar, realiza "una investigación penal por el delito contra el orden económico (blanqueo de capitales), relacionada con las transacciones que materializaron la compra de una empresa que agrupa varios medios de comunicación, presuntamente con fondos vinculados a actividades ilícitas".

"Conforme a la génesis de los hechos investigados, un grupo de empresarios, personas naturales y jurídicas, depositaron en una cuenta bancaria, en un lapso de dos días, dineros para la adquisición de medios de comunicación cuya actividad ilícita precedente está relacionada presuntamente con delitos contra la administración pública", plantea el comunicado.

En su último párrafo, Porcell intenta salvar cara y destaca que "el Ministerio Público respeta y garantiza la libertad de expresión y la línea editorial de los medios de comunicación. Por lo tanto, la investigación penal no afecta la relación laboral ni las actividades periodísticas que allí se desarrollan".

El abogado Alejandro Pérez indicó que todo se trata de un "invento" y una "locura" de la procuradora Porcell de que los accionistas de Epasa no estaban comprando acciones, sino "pagándole coimas a Ricardo Martinelli" y de que Martinelli es el dueño del 100% de las acciones, lo que es falso.

La intención final del gobierno de Juan Carlos Varela es cerrar “Crítica”, “Panamá América” y “día a día” porque son críticos a su gestión. "Eso es lo que él persigue, cerrar Epasa. Que lo haga, si tiene los pantalones Juan Carlos Varela, que lo haga directamente. No busque ni instrumentos ni testaferros ni mentiras para cerrar el periódico. Simplemente le molesta que el periódico diga la verdad".

Al conocerse la información sobre la embestida a Epasa, el Colegio Nacional de Periodistas emitió un comunicado, declarándose en estado de alerta.

"En el grupo Epasa labora un gran número de periodistas, reporteros gráficos y personal administrativo, a quienes esta situación los mantiene en estado de angustia, al pensar que sus fuentes de ingresos están en peligro, y por consiguiente la estabilidad socioeconómica de sus familias", destaca el comunicado firmado por la presidenta del Conape, Blanca Gómez.

La organización hizo un llamado al MP para que las investigaciones no afecten los puestos de trabajo ni la línea editorial del medio.

"Para que exista un periodismo libre, el mismo debe ejercerse sobre la base de nuestros tres pilares, libertad de expresión, libertad de opinión y libertad de prensa", señala el Conape.

Un analista destacó que el argumento de la procuradora de no afectar a los diarios es un argumento falaz, porque lo que se busca es desprestigiar a los tres periódicos en sus operaciones comerciales y por ende a los trabajadores, que enfrentarán problemas en sus transacciones particulares.

Para hoy, el personal de Epasa programa un piqueteo en la vía Ricardo J. Alfaro para denunciar el plan del Gobierno para cerrar o desprestigiar a los diarios y por ende afectar 300 fuentes de empleo.