Varela advierte nulidad en Odebrecht y aduce inmunidad del Parlacen

La defensa de Juan Carlos Varela pidió ayer la nulidad absoluta del proceso del caso Odebrecht, ya que por ser miembro del Parlacen debió ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, además a pesar de ser presidente de la República, fue investigado por el Ministerio Público, pero además se ha incurrido en doble juzgamiento.

El abogado Erasmo Muñoz -durante su alegato ante la juez Baloisa Marquínez- explicó que Varela mantiene una prerrogativa funcional que se adquiere en el Parlacen por haber sido Presidente de la República.

Muñoz afirmó que Varela no requiere juramentarse para tener esa prerrogativa, la cual se adquiere tan pronto deja de ser Presidente de la República y para sustentar mostró un caso similar manejado por la misma Fiscalía Anticorrupción que involucra al expresidente de la Asamblea Nacional y ahora miembro del Parlacen y secretario general del PRD, Rubén De León.

El jurista detalló el fallo del 9 de agosto del 2019 del Tribunal Superior de Justicia que ratifica una decisión de un Juzgado de Garantías, de que al perredista De León -a pesar de no haber tomado posesión en el Parlacen- lo debía investigar y enjuiciar la Corte Suprema de Justicia, de lo contrario se incurría en violación al debido proceso.

Luego la Fiscalía Anticorrupción mediante resolución No.074 del 1 de marzo de 2021, dispuso elevar al conocimiento de la Corte, el proceso contra Rubén De León.

Pero además, el abogado del exmandatario sostiene que la investigación está contaminada, porque al Ministerio Público le llega un informe del 1 de septiembre del 2017 de la DIJ, donde se menciona al presidente Juan Carlos Varela y a José Luis Varela, los cuales tenían que enviarlo a la Corte Suprema de Justicia en el caso del diputado o a la Asamblea Nacional en lo referente al gobernante y eso no ocurrió. Se mantuvo la investigación y se siguió investigando con esos graves vicios de nulidad.

Referente al doble juzgamiento o doble investigación, Erasmo Muñoz citó la jurisprudencia internacional como el caso del expresidente peruano Alán García elevado al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que advierte la prohibición de múltiple persecución penal fundada en el mismo objeto de una denuncia anterior.

El defensor sostiene que al Dr. Jaime Lasso, quien es el hilo conductor del caso contra Juan Carlos Varela se le investigó tres veces por la misma causa y hay una resolución del 27 de junio de 2014 que ordena el cierre de la investigación.

El otro defensor de Varela, el exfiscal Orison Cogley pidió una sobreseimiento definitivo y reveló la existencia de una nota del 7 de abril de 2020 y que aparece en fojas 5766990, donde Odebrecht revela no tener conocimiento del uso de seudónimos para distinguir a funcionarios o tercera personas o proveedores, entre ellos "Cachaza" y "águia".

Es vergonzoso que se utilicen esos argumentos por parte del fiscal Mahmad Daud Hasan, exclamó Cogley, al tiempo que recordó la vinculación del agente de instrucción con la creación de la Constructora Internacional del Sur, citada como la iniciadora de los pagos de Odebrecht, pero resulta que esa sociedad no está en la investigación.

Según Cogley, los aportes de Odebrecht a Varela fueron donaciones políticas y resaltó que entre Varela y el expresidente Ricardo Martinelli siempre hubo una mala relación y hoy no hay ningún tipo de relación.

También señaló la declaración de Olivio Rodrigues y de André Rabello de que suspendieron todo tipo de transferencias en Panamá, cuando estalla el caso Lava Jato, en el 2014 y 2015.

En tanto, la defensa de Michelle Lasso destacó las incongruencias de la Fiscalía de asegurar que los desembolsos a través de sociedades que luego llegaron a Varela ascendían a $11 millones, cuando un perito contable aclara que la suma es de 6 millones 660 mil dólares.

Más temprano, el abogado Carlos Carrillo, expresó que este proceso se ha completado dentro de las limitaciones y complicaciones de la instrucción sumarial.

Carrillo dijo que existe mucho cuestionamiento sobre el respeto al derecho a la defensa, la historia del expediente; así como la situación de las personas indagadas.

Carrillo sustenta su posición en el hecho de que los propios funcionarios que participaron en el expediente, han manifestado públicamente que no hay delito, que no hay tipicidad por efecto del supuesto soborno internacional.

Mientras que el abogado Alejandro Pérez, defensa de María Rivera, expuso la falta de acreditación del delito de soborno internacional, así como el blanqueo de capitales.

Para Pérez, el caso Odebrecht no es más que un "proceso amañado y político cuyo único objetivo era perseguir al expresidente Ricardo Martinelli.