Zulay fustiga a superintendente de Bancos por no asistir a la Asamblea
La iniciativa 287 dispone que después de vencido el término de moratoria, el cliente reasumirá el pago de sus compromisos sin el cobro de intereses ni otros gastos y que ello no afectará su referencia de crédito.
Zulay fustiga a superintendente de Bancos por no asistir a la Asamblea
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Por: Redacción / Critica -
La diputada Zulay Rodríguez fustiga al Superintendente de Bancos, Amauri Castillo por no asistir a la Asamblea Nacional de Diputados donde se discute el proyecto de Ley 287, que establece la suspensión por 90 días del pago de préstamos e impuestos, salvo la cuota de seguridad social.
Castillo en una nota enviada a la Asamblea rechaza el proyecto en discusión por considerar que "las medidas que se tomen en la Asamblea van a ocasionar desequilibrio entre el sector bancario y la economía del país, lo que posteriormente serán difíciles de corregir, con impactos más costosos y severos.
En la nota, el representante de la Superintendencia de Bancos señala que "si alteramos el flujo de pagos de la las obligaciones de préstamos, sin las consideraciones prudenciales que las mismas requieren, no podemos ignorar que esto va a tener un impacto adverso en los fondos que se captan para poder prestar y apoyar el desarrollo de la economía nacional".
Castillo considera que una suspensión de pago temporal de 90 días puede no tener efecto ni impacto positivo para el cliente.
Zulay indicó que mientras no haya una ley los bancos van a ser lo que quieren.
Castillo en una nota enviada a la Asamblea rechaza el proyecto en discusión por considerar que "las medidas que se tomen en la Asamblea van a ocasionar desequilibrio entre el sector bancario y la economía del país, lo que posteriormente serán difíciles de corregir, con impactos más costosos y severos.
En la nota, el representante de la Superintendencia de Bancos señala que "si alteramos el flujo de pagos de la las obligaciones de préstamos, sin las consideraciones prudenciales que las mismas requieren, no podemos ignorar que esto va a tener un impacto adverso en los fondos que se captan para poder prestar y apoyar el desarrollo de la economía nacional".
Castillo considera que una suspensión de pago temporal de 90 días puede no tener efecto ni impacto positivo para el cliente.
Zulay indicó que mientras no haya una ley los bancos van a ser lo que quieren.
El proyecto en discusión
La iniciativa 287 dispone que después de vencido el término de moratoria, el cliente reasumirá el pago de sus compromisos sin el cobro de intereses ni otros gastos y que ello no afectará su referencia de crédito.
Además se reconoce la obligación del Estado a pagar un bono solidario a cada trabajador en caso de que la persona natural o jurídica que se dedique a un acto de comercio y haya sido ordenado el cierre temporal, opte por la suspensión provisional de los contratos por un máximo de 90 días.
La iniciativa 287 dispone que después de vencido el término de moratoria, el cliente reasumirá el pago de sus compromisos sin el cobro de intereses ni otros gastos y que ello no afectará su referencia de crédito.
Además se reconoce la obligación del Estado a pagar un bono solidario a cada trabajador en caso de que la persona natural o jurídica que se dedique a un acto de comercio y haya sido ordenado el cierre temporal, opte por la suspensión provisional de los contratos por un máximo de 90 días.
El pleno aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 281, que permite al Consejo de Gabinete ordenar medidas de contención laboral, educativa, comercial, esparcimiento público; acciones para asegurar el suministro de bienes y servicios necesario para proteger la salud pública, así como garantizar el suministro de calidad de los servicios públicos, entre otras.
La iniciativa, que ahora queda a espera de la sanción presidencial, insta a los empleadores a fomentar el Teletrabajo y al gobierno a promover incentivos fiscales para las empresas que opten por no reducir la planilla.
También, se ordena suspender las partidas del Presupuesto del Estado para los viajes de los funcionarios al extranjero y al interior , exceptuando de esta medida quienes tengan que movilizarse para la atención que requiera la emergencia nacional.
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