Imponen medidas cautelares para red de tráfico de drogas y blanqueo

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial, Karolina Santamaría, impuso la medida cautelar de detención provisional a 19 personas imputadas por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales y tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Además, se ordenó la medida de retención domiciliaria con brazalete electrónico para tres ciudadanos. A otros cinco imputados en esta causa se les impuso la obligación de reportarse periódicamente ante el Ministerio Público, así como la prohibición de salir del país, reunirse con otros coimputados y realizar actividades portuarias en el territorio nacional.

Durante la audiencia, que comenzó el miércoles 13 de noviembre a la 1:30 p.m. y concluyó el sábado 16 de noviembre a la 1:00 a.m., se validaron siete acuerdos de pena entre el Ministerio Público y los defensores particulares.

Como resultado, se impusieron sanciones de 60 meses de prisión, así como penas accesorias que incluyen cinco multas de B/. 1,000 y una de B/. 2,500, las cuales deberán ser pagadas al Tesoro Nacional. Además, a uno de los imputados se le inhabilitó para trabajar en puertos de carga por un período de 60 meses.

Previamente, la jueza legalizó 28 controles posteriores, tres allanamientos excepcionales y la aprehensión de los 34 ciudadanos, y dio por presentada la formulación de imputación.

En esta audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Joseph Alan Díaz, mientras que la defensa de los imputados estuvo a cargo de 20 defensores técnicos particulares y cuatro abogados del Instituto de la Defensa Pública.

Los defensores anunciaron que interpondrán recursos de apelación contra las medidas cautelares impuestas. La audiencia de apelación está programada para el 26 de noviembre a las 2:00 p.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones en Plaza Fortuna.

La investigación, denominada Operación Jungla, comenzó en julio de 2022, tras la identificación de un grupo criminal dedicado al supuesto tráfico de sustancias ilícitas a nivel nacional e internacional. Este grupo operaba mediante la modalidad de contaminación de contenedores con destino a países como Francia, Taiwán, Holanda, España e India.