Prisión preventiva para ecuatoriano deportado de Panamá

La Corte Nacional de Justicia informó este jueves de que "se cumplió la orden de prisión preventiva" dictada contra Salcedo.
Vistas de la llegada de Daniel Salcedo al aerpuerto Mariscal Sucre en Quito (Ecuador). Foto: Policía Ecuador

Vistas de la llegada de Daniel Salcedo al aerpuerto Mariscal Sucre en Quito (Ecuador). Foto: Policía Ecuador

El general de Policía Freddy Sarzosa da declaraciones sobre la extradición desde Panamá de Daniel Salcedo. EFE

El general de Policía Freddy Sarzosa da declaraciones sobre la extradición desde Panamá de Daniel Salcedo. EFE

Por: EFE -

La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para Daniel Salcedo, deportado el miércoles desde Panamá y uno de los más treinta involucrados en Ecuador en el caso de corrupción llamado 'Metástasis', por sus aparentes vínculos con el presunto narcotraficante Leandro Norero, asesinado en 2022 en la cárcel.

La Corte Nacional de Justicia informó este jueves de que "se cumplió la orden de prisión preventiva" dictada contra Salcedo, quien llegó anoche a Quito junto al exgobernador (exdelegado del Ejecutivo) en la provincia costera de Guayas (suroeste) Álvaro Ponce.

Ponce, quien se encontraba junto al Salcedo en el momento de su detención en Panamá, está requerido por la Justicia ecuatoriana por presunto peculado (malversación) en otro caso de corrupción.

Ambos fueron detenidos en Panamá el martes tras el aviso brindado por la Policía ecuatoriana a sus pares panameños. Sobre Salcedo pesaba una alerta roja de la Interpol para ser detenido.

Tras legalizar la detención, la justicia ordenó el traslado de Salcedo a la cárcel 4 de Quito, donde también está recluido el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, involucrado también en el caso 'Metástasis', que investiga un presunto entramado de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial liderado por Norero.

Según el director nacional de Investigaciones de la Policía Nacional de Ecuador, Freddy Sarzosa, se presume que Salcedo cruzó la frontera con Colombia de forma irregular y que el 29 de diciembre tuvieron conocimiento de que pasó de Colombia a Panamá.

Mientras, el seno familiar de Salcedo, integrado por su esposa, su exesposa y sus dos hijos, partió el 31 de diciembre a Chile desde Guayaquil.

El caso "Metástasis" se originó en las diligencias para determinar las causas de la muerte de Norero, que llevaron a la Fiscalía y la Policía a analizar el contenido de sus teléfonos celulares, en los que se encontraron conversaciones (chats) que daban cuenta de las presuntas relaciones, negociaciones, entrega de sobornos y manipulación del sistema de justicia y de algunos de sus operadores.

Sobre esa base -y de otros elementos de convicción- se determinó que los ahora procesados habrían coordinado estas acciones para conseguir beneficios en procesos judiciales, ingreso de artículos prohibidos a la cárcel, devolución de bienes muebles e inmuebles, entre otros, sostiene la Fiscalía General del Estado.

A ello se suma que Salcedo tiene desde el 4 de enero junto a su hermano Noé una nueva condena de 13 años de cárcel por lavado de activos.

A finales de 2020 fue detenido junto a su hermano en una zona fronteriza de Perú con Ecuador después de que la avioneta en que viajaba se estrellase, y en el contexto de la pandemia fue procesado por peculado, delincuencia organizada, fraude procesal y lavado de activos.

Un juez lo dejó en libertad a finales 2022 a pesar de que la Fiscalía advirtió que todavía tenía tres condenas por cumplir en ese momento ascendentes a 13 años de cárcel por peculado (malversación), otra de cuatro años de prisión por fraude procesal y una tercera de tres años de privación de libertad por ingreso de un teléfono celular a un centro penitenciario.

Mientras, Álvaro Ponce, exgerente del Hospital General Guasmo Sur, de Guayaquil, y por pocos días gobernador de la provincia de Guayas durante el mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021), enfrenta una imputación por peculado por la presunta venta de medicamentos ilegales en hospitales públicos. EFE

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