Tribunal confirma detención a 9 imputados por tráfico de migrantes

Panamá- A nueve personas imputadas por la supuesta comisión del delito contra la humanidad, en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes, los miembros del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, les confirmó la medida cautelar de detención provisional impuesta en primera instancia por un juez de garantías.

Las magistradas Giovannina Antinori, Gladys Moreno y María Estrada, quienes conforman el tribunal de apelaciones, escucharon los argumentos expuestos por las partes intervinientes y luego decidieron que las medidas cautelares impuestas eran necesarias, idóneas y proporcionales a la gravedad de los hechos y al grado de vinculación de los imputados, por lo cual las confirmaron.

Este caso tuvo su origen en noviembre de 2021, luego de que los estamentos de seguridad obtuvieran información sobre un grupo de personas compuesto por particulares, funcionarios del Servicio Nacional de Migración y empleados de una aerolínea, supuestamente, realizaban trámites migratorios irregulares a pasajeros extranjeros con vuelos de conexión a otros países, que ingresaban ilegalmente al país, y servían como su conexión hasta la frontera con Costa Rica, para que así pudieran llegar a su destino final en Estados Unidos.

Tan solo el pasado 13 de diciembre de 2022, personal de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada con apoyo de la Policía Nacional, aprehendieron a unas 16 personas, entre ellas 13 hombres y 3 mujeres en Panamá, Panamá Este y Panamá Oeste, como parte de la operación 'Firmeza'.

Para esa fecha se detalló que entre esos retenidos había 6 inspectores del Servicio Nacional de Migración, los cuales, al igual que el resto de los vinculados, fueron imputados por delito contra la humanidad, en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes.

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Según la información que reposa en el expediente de esta causa, este grupo criminal, que tenía conexiones internacionales, cobraba a cada migrante (hindú, cubanos y nepalíes), unos 3 mil dólares por movilizarlos de forma ilegal, vía aérea por el Aeropuerto Internacional de Tocumen en calidad de tránsito y mediante la colaboración de funcionarios públicos, ingresaban de forma ilegal a territorio nacional sin cumplir los trámites migratorios correspondientes.

Cada integrante de esta estructura criminal tenía roles de ingreso, traslado y hospedaje de los migrantes irregulares, con un mismo fin; recibir una remuneración por el ingreso y traslado hacia Costa Rica, para que estos pudieran hasta llegar a Estados Unidos.