El 66 % de funcionarios destituidos en Brasil fue sancionado por corrupción
En cuanto a los destituidos por corrupción, los principales motivos mencionados para la expulsión fueron uso del cargo para provecho personal.
Ministro de Transparencia, el jurista Torquato Jardim. EFE/Archivo
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Por: Río de Janeiro / EFE -
El 66,2 % de los 506 funcionarios del Gobierno federal brasileño destituidos el año pasado como sanción por violaciones al régimen del empleado público perdió el cargo por haber incurrido en prácticas corruptas, según un balance oficial divulgado este lunes.
De los 506 empleados públicos expulsados en 2017 por violaciones al régimen de los funcionarios, a 335 se les comprobaron actos de corrupción, según el balance del Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión.
Otros 125 (24,7 %) fueron destituidos por abandono del cargo, faltas reiterativas al puesto de trabajo o acumulación ilícita de cargos y los restantes 46 (9,1 %) por negligencia o participación en gerencia de una empresa privada.
En cuanto a los destituidos por corrupción, los principales motivos mencionados para la expulsión fueron uso del cargo para provecho personal, recepción de sobornos o ventajas indebidas, uso de recursos materiales públicos en actividades particulares, lesión a los cofres públicos y dilapidación del patrimonio nacional.
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Los funcionarios sancionados con su destitución quedan automáticamente inhabilitados para aspirar a mandatos electivos o para ocupar cargos públicos por los próximos ocho años y, en los casos más graves, de regresar al servicio público.
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El Ministerio de Transparencia aclaró que los datos no incluyen funcionarios de gobiernos regionales o municipales ni de empresas estatales, como la petrolera Petrobras, la mayor del país y protagonista de un gigantesco escándalo de corrupción.
"En todos los casos, las conductas irregulares quedaron comprobadas tras las respectivas investigaciones disciplinarias que garantizaron a los acusados el derecho a amplia defensa", asegura el informe del Ministerio al aclarar que las cifras tampoco incluyen funcionarios aún investigados o sospechosos de prácticas corruptas.
Desde 2003 el Gobierno federal de Brasil ha expulsado del servicio público a 6.714 funcionarios por diferentes violaciones al régimen de los empleados públicos, en su mayoría contratados en Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo.
Por órganos públicos, la mayoría de los sancionados trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social y Agrario, en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Justicia.
