AMP pone en peligro llegada de cruceros a Panamá

Al menos 23 líneas de cruceros han dejado saber su inconformidad por decisiones de La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y Migración, con imposiciones tanto para los buques como para sus tripulantes que desembarquen en puertos panameños.

Estas molestias tienen que ver con dos medidas. La primera, la obligación para que todos los cruceros que entren a los puertos de Colón y Amador deban abastecerse de búnker de una sola empresa panameña.

Lo anterior lo dispuso la empresa Colón 2000, autorizada por la AMP, al entregar a la empresa Monjasa, la exclusividad en el suministro de combustible para los cruceros en ambos puertos administrados por Colón 2000. Esta medida se hizo sin un análisis de impacto previo.

Monjasa es una vieja conocida del administrador de la AMP, Noriel Araúz. En el pasado fue beneficiada con el permiso de operación a la barcaza María del Carmen VI para despachar de combustible, esto a pesar de las denuncias que se han presentado asegurando que la nave no cumple con la edad mínima para este servicio, poniendo en peligro las costas panameñas.

Uno de los directivos de una de las empresas de Monjasa, Pablo Torres Chong, tampoco es desconocido para los círculos del partido gobernante PRD. Torres es primo del diputado oficialista Ricardo Torres. Además, hace apenas unos días, el 22 de noviembre, Pablo Torres fue asignado en la directiva de Monjasa Chartering, según documentos del Registro Público.

Monjasa a su vez está estrechamente ligada a la Stward Inc, de Torres Chong. En documentación de la página web de la AMP, consta que el buque Monjasa Strikcer forma parte de la flota de Stward Oil, S.A., un proveedor local de búnker, según la AMP.

Stward Inc también es muy conocida por Araúz, ya que ha sido favorecida con varias contrataciones millonarias, tal es el caso de los contratos directos para el servicio de transporte de lanchas de la AMP, y cuyos pagos, salen de la cuenta de Miami (SEGUMAR) de la entidad.

Pero las relaciones con Stward no terminan allí. También tiene la ocupación del Muelle 8 de Balboa, que a pesar que fue solicitada como temporal, la AMP le dio permiso de ocupación. Eso sin contar las 7 licencias de operación, con vigencia de 10 años.

La imposición de Colón 2000 a los cruceros hizo que Michael T. McNamara, vicepresidente de abastecimiento de combustible de Carnival, enviara un correo al administrado Araúz, pidiendo interceder para permitir la apertura en el suministro de combustible, ya que las navieras negocian y contratan el suministro de bunker con varios meses de anticipación, además que se manejan con proveedores de confianza para mantener los controles de calidad.

McNamara advirtió a Araúz que “restricciones de esta naturaleza no ayudan en nada a reconstruir el negocio de búnker en la región y añaden complejidad y sobrecostos a sus operaciones en la región y pide al funcionario "alentar el acceso abierto a todos los proveedores de búnker debidamente autorizados en Panamá, para que se les permita entregar búnkeres a los cruceros tanto en Amador Terminal y Colón 2000".

Pero la situación con los cruceros no queda allí. Migración, a través de la Resolución 18765, establece el cobro de $5 (más un cargo “administrativo”) como shore pass o pase a tierra, para cada tripulante de cruceros, decisión que tampoco fue previamente consultada al menos con las empresas operadoras de cruceros.

La Florida-Caribbean Cruise Association, el gremio que aglutina a la mayoría de las líneas de crucero en el mundo, reaccionó mediante una nota al ministro de Turismo, Iván Eskildsen.

En la nota advierten que el cobro a los tripulantes de los cruceros “es una amenaza para todo lo que se ha logrado hasta ahora, para colocar al país como un destino para cruceristas”. Además hace que Panamá sea el único país del mundo que impone una tarifa de pase en tierra para miembros de la tripulación”.

Durante la temporada 2017-2018, Panamá unos 57 mil tripulantes desembarcaron en puertos panameños. Cada uno gastó un promedio de $66, lo que representa una inyección económica al país de $3.7 millones.