APEDE pide suspender el debate del proyecto de Ley de Transparencia

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) solicitó  al Ejecutivo que retire el proyecto de ley 1031, de la Asamblea Nacional y promueva una amplia discusión sobre este tema, que está regulado en la Constitución.

APEDE hizo un llamado al Ejecutivo y a los Diputados de la Asamblea Nacional para garantizar la protección de la transparencia y el acceso a la información pública en el país.
 

El proyecto busca derogar la Ley de Transparencia, conocida como Ley 6 de 2002, que ha sido un pilar fundamental para garantizar el acceso a la información pública y fortalecer la democracia en el país durante más de dos décadas, según Apede. 

La Ley 6 de 2002, considerada pionera en América Latina, ha promovido la transparencia en las instituciones gubernamentales y permitido a los ciudadanos supervisar el uso de los fondos públicos. Sin embargo, el proyecto de ley 1031 plantea cambios preocupantes en esta área.

Principales preocupaciones de la APEDE con respecto al proyecto de ley 1031:

Dilución de la responsabilidad: El proyecto introduce un sistema burocrático de Oficiales de Información en las instituciones públicas, diluyendo la responsabilidad directa del funcionario que maneja la información.

Régimen sancionatorio modificado: Aunque se mantiene el Habeas Data ante los Tribunales, el proyecto asigna el régimen sancionatorio exclusivamente a la Autoridad Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), con multas inferiores a las existentes.

Competencia inconstitucional: El proyecto permite que la ANTAI abra procesos de incumplimiento, lo que no se ajusta al artículo 44 de la Constitución Nacional que establece que el Habeas Data es competencia de los tribunales.

Sistema de excepciones ambiguo: El anteproyecto restringe la información pública y no queda claro si introduce dos tipos adicionales de excepciones: la de información reservada y la confidencial, mientras que la Ley 6 actual establece claramente las excepciones.

Potestad concentrada en la ANTAI: El proyecto otorga a la ANTAI la potestad de ser la institución garante de la transparencia en todo el país, lo que se considera inapropiado debido a su estructura unipersonal y su nombramiento por el presidente de la República. Esto podría abrir la puerta a la arbitrariedad y el control.