Calificadora, preocupada por fragmentación en la Asamblea Nacional

Un informe de la calificadora Standard & Poor's señala que esperan continuidad en las políticas económicas clave después del cambio de administración en Panamá, pero advierten que una Asamblea Nacional fragmentada dificultará el trabajo, lo que podría llevar a una disminución de la calificación.

Uno de los puntos que parece preocupar más a este empresa es la composición de la Asamblea que pueda impedir al nuevo gobierno ejecutar algunas medidas.

«Panamá eligió un nuevo Congreso, el cual estará fragmentado. Esperamos continuidad en las políticas económicas clave después del cambio de administración» dijo la empresa.

Agregando que consideran que la gran participación de miembros independientes dentro de la Asamblea puede ralentizar o limitar reformas importantes.

«Aunque es probable que el nuevo presidente llegue al poder con más capital político que la administración saliente de Cortizo, puede resultar difícil para la nueva administración introducir medidas oportunas y contundentes para gestionar los desafíos fiscales trabajando con una asamblea fragmentada», dijo S&P.

«Podríamos bajar la calificación durante los próximos 12 meses si vemos una inversión debilitada que podría perjudicar las perspectivas de crecimiento a largo plazo del país o políticas fiscales que no logran contener el reciente debilitamiento de las finanzas públicas. Un menor crecimiento del PIB, también podría dar lugar a un deterioro de las finanzas públicas, perjudicando la solvencia crediticia».

«En nuestra opinión, el crecimiento económico más lento a corto plazo de Panamá podría obstaculizar el desempeño fiscal de este año, sumándose a los desafíos fiscales para el gobierno entrante, además de un crecimiento más lento de los ingresos, la baja recaudación de impuestos y la pérdida de ingresos fiscales esperados de Minera Panamá proyecto minero».

De acuerdo con S&P la clave para la administración entrante será fortalecer la base de ingresos o mejorar la eficiencia de la recaudación de impuestos, en ausencia de una reforma. Asimismo, la administración entrante tendrá que enfrentarse a la agencia de pensiones, ya que sus reservas financieras se agotarán en 2025.