Denuncian posible manipulación de documentación en la AMP

El abogado ambientalista, Harley Mitchell, denunció presuntas irregularidades en la emisión de patentes a los buques que se encuentran en aguas panameñas, por parte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), lo que según advirtió, podría poner en peligro la seguridad en las costas del país.

El jurista señaló que recibieron información de que el buque GI Bunker 100, registrado por la empresa Sea Energy, proveniente de la transnacional Península Petroleum, tiene antecedentes contaminantes en el país.

Mitchell dijo que comenzaron a indagar dentro de la misma Autoridad Marítima de Panamá (AMP), pero esta se negó a dar la información asegurando que es de “acceso restringido. “El artículo 14 de la Ley 6 de 2002 de Acceso a la Información nos da la lista de acceso restringido y esto no está incluido”, aseguró.

El abogado hizo una serie de referencias del barco, señalando que John A. Bassadone, presidente de Peninsula Petroleum, anunció en un medio internacional que en 2008 presentaron el GI Bunker 100 en Gibraltar con capacidad para 7,000 toneladas de combustible marino. En 2017 una falla mecánica del GI Búnker habría provocado un derrame de hidrocarburos en Algeciras, España.

En 2021, el GI Bunker 100 reemplazó al Sea Lyon, presidida por Gabriel Alonso Fernández, como parte de la flota de la empresa Sea Energy, que a su vez se desahace oportunamente del desafortunado Sea Lyon, relacionado con varios accidentes de derrames en aguas panameñas.

Sobre esta nave, Sea Lyon, el hecho de que la nave misma sea propiedad de otros en la actualidad, según reveló el propio Fernández, no explica cómo Sea Energy Shipping, Ldt logró escapar de la responsabilidad administrativa, penal y civil que corresponde a quienes incurran en eventos de contaminación, que debió ser hecha cumplir por AMP, dijo el abogado Mitchell.

Por otro lado, para el abogado ambientalista es importante señalar que en la patente de la AMP, para legitimizar al GI Bunker 100 de Península Petroleum, se pueden observar que había muchos espacios con asteriscos y en otro no colocaron la fecha, la cual es uno de los requisitos primordiales que se exigen para que un buque pueda faenar y brindar el servicio de despacho de combustible.

“Este Buque es de una empresa supuestamente de categoría mundial, Península Petroleum, y no quisiera pensar que este grupo está buscando aprovecharse de la debilidad y falta de transparencia de las autoridades panameñas, para poder traer barcos defectuosos de salida a nuestras aguas, sin importar las consecuencias”, sentenció Mitchell.

De hecho, el documento de aprobación de operaciones del GI Bunker 100 debería ser revisado por la propia AMP, explicó.

En el mes de junio de este año ocurrió un derrame de hidrocarburos cerca de la Isla Taboga, en el que los residentes señalaron como presunto responsable de lo ocurrido a la nave 'Sea Lion', tambien propiedad de la empresa Sea Energy hasta que fue trasladado a un empresa sin operaciones de nombre también Sea Lion. SegúN la denuncia, la nave ha sido declarada de peligro para el medio ambiente y el mar por la propia AMP. Además, se recomendó su retiro de la Bahia de Taboga, pero a la fecha se encuentra aún sobre aguas nacionales, sin saber a ciencia cierta quiénes son los responsables de la nave.

Pablo Torres, Presidente de Stward Corporation, es otro conocido empresario marítimo, que está relacionado, ya que formó parte de la junta directiva del Sea Energy y ahora opera parte del astillero de Balboa con una concesión de ocupación temporal, otorgada por la AMP.

El Sea Lion fue recibido en el muelle seco del astillero Balboa, manejado por Torres. Durante 30 días la nave permaneció en ese dique seco, cuando la última inspección, realizada por la AMP bajo presión pública, durante el derrame de Taboga, alertó sobre un potencial peligro de más contaminación en la región por una embarcación reincidente.

Cabe destacar que esta nave, ya había sido sancionada en el 2020, con la revocación de la licencia por otro derrame de combustible registrado a las puertas del Canal de Panamá. Sin embargo, un año después ya contaba nuevamente con permiso de operación.

Normas presuntamente manipuladas. Mitchell indicó que esta situación con la AMP es delicada y pareciera que en estos casos se repite un patrón, pues como todos los conocedores del tema saben, esta es una actividad millonaria. “La AMP tiene que comprender que es una entidad de naturaleza ambiental y tiene la responsabilidad de ejecutar lo que dictamina la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de mar en Panamá, al igual que el Convenio de Seguridad de Vida Humana en el mar y Contaminación por motivos de buques”, sostuvo.

El abogado ambientalista hizo un llamado para que se les dé seguimiento a estos casos por parte de la administración y la Junta Directiva de la AMP. “No queremos que estos temas queden impunes… por la falta de transparencia se están ocultando posibles faltas administrativas e incluso delitos tipificados en el Código Penal y contra la fe pública”, acotó.