Fiscal presentó Recurso de Hecho contra Baloisa en caso New Business

El fiscal Emeldo Márquez presentó el lunes un recurso de hecho ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial contra la decisión de la jueza Balosia Marquínez de rechazar su apelación a la decisión de la jueza Baloisa Marquínez, de absolver a seis procesados en el caso New Business.

El caso fue identificado por el No.82857-23 y fue asignado al magistrado Manuel Mata Avendaño, quien debe decidir si lo admite. El paso siguiente sería solicitar y esperar la opinión de los absueltos y entonces hacer un proyecto para decidir si la apelación va o no va, pero no sobre el fondo de la apelación.

Después de eso, Mata Avendaño debe esperar qué dicen los colegas, pasar en limpio su proyecto y recoger firmas.

La Fiscalía en su apelación solo incluyó a Gonzalo Gómez Wong; Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares, Iván Clare, Aaron Mizrachi y Vernon Salazar, pero excluyó a los comerciantes hebreos que tenían como abogado a William Moore, hermano de la fiscal Zuleyka Moore: Jack Btesh Hazam, Salomon Jack Btesh Btesh, Leo David Cohen Mugrabi y Marcos Abraham Angel Acrich, así como Henri Kohen Mizrachi y Riccardo Francolini Arosemena.

Hay versiones que indican que por sacar a todo ese grupo del caso New Business, hubo un pago de $4.5 millones.

Emeldo Márquez es acusado por la jueza Balosia Marquínez de presentar extemporáneamente y a las 6:53 p.m. de un viernes. el último día para cumplir ese trámite.

Márquez alega que como se trataba de un expediente electrónico, podía presentar la apelación hasta las 23:59 p.m. del último día señalado para el vencimiento, conforme al artículo 20 de la Ley 75 del 18 de diciembre de 2015, lo cual es rechazado por la jueza.

La Fiscalía sostiene que Baloisa Marquínez hizo notificaciones procesales de la causa a través del sistema electrónico.

Por su parte, el equipo legal del candidato presidencial por el Partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinell en su escrito de apelación, advirtió que sentencia condenatoria en el caso New Business, en contra del exmandatario y la expropiación de Grupo Epasa, que publica los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día, se da mediante un fallo sesgado, abusivo y apartado del Derecho, así

Explican que la jueza Baloisa Marquínez se fundamenta en el uso indebido de las declaraciones de los dos testigos protegidos del proceso (N-FECDO-01-2020 y N-FECDO-10-2020), quienes además de no ser sometidos al contradictorio, eran sospechosos por tener intereses directos en el proceso al haber sido imputados dentro de la presente causa de New Business.

Otro punto que se destaca es la utilización de un informe no científico y sesgado, el cual fue elaborado por el comisionado de la Policía Nacional (PN), Eliseo Ábrego, quien en la audiencia mostró desconocimiento de la materia, no realizó verificaciones para complementarlo y fue contradictorio al ser contrainterrogado.

Además de esto, también se usaron testigos que fueron premiados, los cuales salieron del expediente a cambio de mencionar sin pruebas a Martinelli, a pesar de que los mismos se contradicen con sus primeras declaraciones y las pruebas que aportaron a juicio.

También se cuestiona que Marquínez fundamentó su sentencia condenatoria apoyándose en los testimonios de los testigos N-FECDO-01-2020 y N-FECDO-10-2020 cuando éstos no comparecieron al juicio a pesar de haber sido admitido como testigos de la defensa en el auto vario No.69 del 31 de marzo del año 2023”.

La defensa en su apelación le está solicitando al Tribunal Superior de Liquidación que revoque la decisión de primera instancia y se declare la nulidad por vicios procesales, se acceda a la petición de acumulación de los casos New Business y Odebrecht y se absuelva a Martinelli.

La defensa del empresario Daniel Ochy también pide declarar nulo todo lo actuado a partir de la audiencia o absuelva a su cliente.

Se advierte que la no comparecencia de los testigos protegidos constituye una violación a la garantía de la defensa y el imponer multas a Henri Mizrachi y Riccardo Francolini, no solventa la violación al debido proceso y al artículo 22 de la Constitución que postula el derecho a una plnea garantía de la defensa.