TE y DGI firman acuerdo sobre financiamiento político

El Tribunal Electoral (TE) y la Dirección General de Ingresos (DGI) firmó un convenio de cooperación interinstitucional. El objetivo principal de este convenio es promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias y regular el financiamiento público y privado al que están sujetos los candidatos y partidos políticos.

La firma de este acuerdo, realizada por el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá Wendehake, el director de la Unidad de Fiscalización Interna del TE, Melinto González Alain, y el director general de la DGI, Publio De Gracia Tejada, marca un hito en el proceso electoral. Este acuerdo permitirá un seguimiento más efectivo de los fondos utilizados en las campañas por parte de los candidatos y partidos políticos.

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En virtud de este convenio, el Tribunal Electoral se compromete a proporcionar el listado de los candidatos a todos los cargos de elección popular para la Elección General del 5 de mayo de 2024, así como a ofrecer información relacionada con las incidencias detectadas por actuaciones de candidatos o partidos políticos. Esto se llevará a cabo mediante el uso de herramientas especializadas para la fiscalización del gasto.

Por otro lado, la Dirección General de Ingresos asumirá la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones tributarias aplicables a candidatos, partidos políticos, donantes, contribuyentes receptores de cesiones de crédito de los partidos políticos, proveedores de servicios y otros contribuyentes relacionados con la campaña electoral.

Este acuerdo refleja el compromiso conjunto del Tribunal Electoral y la Dirección General de Ingresos para garantizar la transparencia y la integridad en el proceso electoral, así como para promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de todos los actores involucrados en las campañas políticas.

Con este importante paso, se espera fortalecer la confianza en el sistema democrático y en la gestión transparente de los recursos públicos, asegurando así un proceso electoral justo y equitativo para todos los ciudadanos.