Vicepresidenta presiona a la Corte a favor del matrimonio gay
De Saint Malo envió el 16 de enero una carta a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, remitiéndole copia de la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre permitir el matrimonio igualitario.
Vicepresidenta presiona a la Corte a favor del matrimonio gay
Por: Redacción Crítica -
La posición de la canciller Isabel de Saint Malo en favor de instaurar el matrimonio homosexual en Panamá no se quedó solo en emitir su opinión ante los medios.
La también vicepresidenta de la República envió el 16 de enero una carta a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, remitiéndole copia de la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre permitir el matrimonio igualitario en los países del sistema interamericano, y asegurándole que las opiniones del organismo son vinculantes para Panamá.
"Al ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos el órgano facultado para interponer y aplicar los instrumentos internacionales que le confieren competencia, sus decisiones, sentencias u opiniones tienen un alto valor para la interpretación de las obligaciones de los Estados en el continente americano", escribió la canciller al magistrado José Ayú Prado.
De Saint Malo menciona en la carta que Panamá ratificó la Convención Americana el 8 de mayo de 1978, y que el 9 de mayo de 1990 reconoció como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte IDH sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta convención.
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Agrega que el artículo 1.1 de la convención establece que los estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole.
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Según el control de convencionalidad, los países adheridos a la convención interamericana se comprometen a suprimir normas y prácticas de cualquier naturaleza que violen las garantías previstas en ella o desconozcan los derechos ahí reconocidos, u obstaculicen su ejercicio.
La carta hace mención también del artículo 4 de la Constitución Nacional, que establece que la República acata las normas del Derecho Internacional.
