Piden declarar nulo contrato con Cobranzas del Istmo

El procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro pidió declarar nulo por ilegal el contrato suscrito entre la Dirección General de Contrataciones Públicas y la empresa Cobranzas del Istmo de agosto de 2010 que tiene entre sus rostros visibles a Cristóbal Salerno, miembro del Frente Empresarial del cogobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD). La petición del procurador González Montenegro se produce dentro del proceso que se lleva a cabo en la Sala Tercera de la Corte, tras la demanda contencioso-administrativa de nulidad presentada por Miguel Antonio Bernal contra el citado contrato de gestión de cobro envuelto en un escándalo por supuestas anomalías en el servicio prestado. Ya la Sala Tercera, con la ponencia del magistrado Luis Ramón Fábrega, había decretado el pasado 8 de enero la suspensión provisional de los efectos de este acuerdo de voluntades, pero 12 días más tarde, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a cargo de Dulcidio De La Guardia, le formalizó el último de los cuatro desembolsos que le hizo la administración de Juan Carlos Varela y que en total suman $8.4 millones. González Montenegro basó su pedido a la Corte en que, entre otras razones, el contrato fue otorgado de manera directa sin que se cumpliera con el requisito previo de solicitud de excepción de procedimiento de contratistas ante el Consejo Económico Nacional (Cena) y ante el Consejo de Gabinete. Cobranzas del Istmo, cuyo agente residente era la influyente firma de abogados Galindo & Arias & López, logró un contrato sin que se estableciera un monto determinado porque recibiría una comisión por cada morosidad gestionada y efectivamente cobrada. Por esas tareas, la empresa de Cristóbal Salerno, quien fue presidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros en la administración presidencial de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), recibió entre el 2011 y el 2014 en concepto de comisiones ganadas por su gestión de cobros $147 millones 129 mil 415. “A todas luces resulta que esta contratación requirió en su momento la autorización del Consejo de Gabinete”, estimó el procurador, quien dijo que al no cumplir con ese requisito se violó la Ley de Contrataciones Públicas.