CAPAC propone revisión de ley de Contrataciones Públicas

La designación de una comisión para revisar de forma inmediata la actual ley de Contrataciones Públicas, propuso la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) en una carta abierta dirigida al presidente de la República, Juan Carlos Varela. De acuerdo al gremio, la actual Ley 22 del 27 de junio del 2006 genera grandes cuestionamientos como el procedimiento de selección de contratista mediante licitación pública por mejor valor con evaluación separada, el contrato de llave en mano y la permisibilidad de contrataciones directas que atentan contra el principio de la competencia. CAPAC considera que ha llegado el momento de rectificar esa práctica y revisar la actual Ley de Contrataciones Públicas. Dentro de la misiva se señala que desde la pasada administración, CAPAC viene manifestando a los representantes del Gobierno Nacional su inconformidad con la política de exclusión que se practica a través de los pliegos de cargo y especificaciones que sirven de base a distintas contrataciones públicas. Los dirigentes del gremio afirmaron que en las contrataciones públicas se establecen requisitos y ponderaciones que ninguna empresa tradicionalmente panameña puede cumplir, argumentó CAPAC. La política de contratar empresas trasnacionales para la ejecución de obras públicas, bajo el supuesto de que esa medida favorece los mejores intereses del Estado panameño, por considerar que las mismas cuentan con mayor capacidad financiera, experiencia, tecnología y mejores prácticas constructivas carece, según lo demuestran los hechos, de todo sustento y justificación, añadió la carta. Basta observar –comentó el gremio de la construcción- la cantidad de obras paralizadas, incompletas y con grandes cuestionamientos técnicos. Eso sin entrar en la larga lista de sobrecostos, aunado al hecho de que incontables licitaciones han sido otorgadas a empresas extranjeras mediante pliegos de cargo hechos evidentemente a la medida y aderezados con posteriores adendas igualmente dudosas. Sin duda, han existido razones de mayor peso, que las calificaciones técnicas, para lograr esos contratos. Sobre la actual administración, la CAPAC señaló que ha cuestionado la continuidad de esta práctica en cartas remitidas en su oportunidad a distintos ministros de Estado y directores de entidades autónomas. Observamos, además, con preocupación que se persiste en incluir en los pliegos de cargo y especificaciones que sirven de base a la selección de contratistas, parámetros excluyentes de las empresas tradicionalmente panameñas. Resaltó que en materia de contratación pública, los antecedentes de las últimas décadas y del presente muestran que, salvo muy pocas excepciones, las empresas nacionales han cumplido con sus obligaciones contractuales con el Estado, en calidad y tiempo oportuno, sin que se registren experiencias como las que el pueblo panameño vive en la actualidad. El país debe disponer “cuanto antes” de una nueva legislación de contrataciones públicas que “asegure los mejores intereses del Estado panameño”, sostuvo la CAPAC. Para tal fin propuso un amplio proceso de consultas a todos los niveles -bajo el principio de que lo que a todos atañe todos deben aprobarlo- se someta posteriormente a la consideración y votación de la Asamblea Nacional. Esta nueva ley, además de garantizar los principios que rigen la contratación pública en el país, debe asegurar la transparencia de los actos administrativos, la libre competencia y la adjudicación equitativa y justa de las obras que ejecute el Estado, concluyó la carta enviada a Varela.