Protestan por traslado de reos a isla penal de Punta Coco

Familiares de tres privados de libertad protestan hoy frente a la sede del Ministerio de Gobierno, ubicada en San Felipe, porque solicitan justicia y la verdad sobre el supuesto traslado hacia la isla penal en Punta Coco, localizada en el archipiélago de Las Perlas . Los manifestantes son familiares de los delincuentes José Cosio, Azael Ramos y Carlos Mosquera, quienes presuntamente fueron trasladados hacia la isla penal. La sede ministerial está fuertemente custodiada por agentes policiales tras los gritos de los manifestantes que exigen al ministro de Gobierno, Milton Henríquez, que dé la cara y ofrezca una explicación sobre el trasladado de estos tres sujetos a esta cárcel en Punta Coco , lo cual representa una violación a los derechos humanos. Morán: Presidente falta a la verdad al crear isla penal La Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados acusó al presidente Juan Carlos Varela de faltar a su palabra y mentirle a la comunidad nacional luego de que la semana pasada enviara a una cárcel en Punta Coco, en el extremo sur de la isla del Rey, la más grande del archipiélago de Las Perlas a los delincuentes José Cosio, Azael Ramos y Carlos Mosquera. Carlos Herrera Morán, presidente de la referida comisión, dijo que el 15 de abril pasado, en la víspera de la celebración de la Cumbre de las Américas, el presidente Varela había anunciado su decisión de desistir de su iniciativa de utilizar una base del Servicio Nacional Aeronaval como un centro de reclusión. La medida de Varela, dijo Herrera Morán, viola convenciones internacionales y la propia Constitución panameña que garantizan que toda persona procesada, detenida o condenada tiene derecho a mantener de manera ininterrumpida la defensa de un abogado. Anunció que un equipo de abogados presentará ante la Corte Suprema un recurso de hábeas corpus correctivo. Ya la Defensoría del Pueblo ha indicado que la decisión del Gobierno de trasladar privados de libertad hacia la referida isla penal, envía un mensaje negativo a la sociedad al reconocer que las acciones de seguridad en centros penitenciarios no han sido efectivas. "Coartar derechos como: la salud, comunicación, visitas familiares, acceso a la justicia, debido proceso, entre otros, representa suficientes elementos para que el Estado sea demandado ante organismos internacionales de Derechos Humanos al contravenir la Constitución Política y demás normas", dijo la Defensoría.