Subcomisión de Garantías remite caso Benavides al MP

La Asamblea Nacional de Panamá mantuvo hoy las cuentas y propiedades incautadas al ahora exmagistrado supremo Víctor Benavides y trasladó la investigación por corrupción en su contra al Ministerio Público, al perder competencia por la dimisión del alto funcionario. El presidente de la subcomisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, el diputado juez Héctor Carrasquilla, leyó el acuerdo al que llegó esa corporación, en el que "por la unidad del proceso" se rechazaba la liberación de las propiedades solicitadas por la defensa y el expediente se remitía a la fiscalía. Además de Carrasquilla, del opositor partido Cambio Democrático, los otros jueces de garantías son las diputadas Ana Matilde Gómez (independiente) y Katleen Levy (del gobernante Partido Panameñista). "Un mal futuro" de la justicia, "no se respeta la presunción de inocencia", expresó con disgusto el abogado defensor de Benavides, ngel Gómez, tras finalizar la audiencia de control que convocó la subcomisión de Garantías para oficializar su declinación en la investigación al perder competencia por la renuncia del magistrado, cuyo mandato de diez años terminaba en diciembre próximo. Según el abogado, el caso del ex juez supremo es "político" y demostrará que los 400.000 dólares de un plazo fijo que le retienen por esta investigación tienen un origen lícito. A Benavides se le acusa de blanqueo de dinero, corrupción de funcionarios públicos y enriquecimiento ilícito. El diputado fiscal del caso, el oficialista Jorge Alberto Rosas, quien formuló los cargos contra Benavides, informó de la pérdida de jurisdicción por la renuncia del juez y "corresponde poner en conocimiento a la entidad competente, que es el Ministerio Público, del avance de estas investigaciones". El magistrado es el segundo miembro de la Corte Suprema de Panamá en ser procesado este año por la Asamblea Nacional por corrupción, luego que en marzo pasado se condenó a cinco años de prisión a su colega Alejandro Moncada Luna por enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.