Satisfacción del deber cumplido sentí hace un mes, cuando mi hija menor recibió el título que la acredita como profesional del Derecho, en la Promoción 2009 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Ya son dos profesionales, en distintas especialidades, que le ofrecemos al país. Sólo nos queda el hijo menor, quien gracias al deporte recibió la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos y hoy día se prepara en la especialidad de Negocios en una universidad americana.
Este sentimiento que se tiene al ver a los hijos convertirse en profesionales, se refleja en los padres y madres de familia que ven en la educación el medio de superar barreras y ofrecerle al país, entes preparados, capaces, con criterio y proyección en la especialidad en que se desempeñen, y que a la vez reflejen una imagen favorable, producto de la educación recibida.
Ante esta realidad, hay una situación que me preocupa y que a mi juicio, en nada favorece los esfuerzos que realiza el Ministerio de Educación y la Universidad de Panamá, por mejorar la calidad de la educación y ofrecerle a la población, planes curriculares que respondan a las necesidades actuales, y que sean atractivos para los estudiantes. Me refiero a la decisión política que está privando, al nombrar en puestos de decisión y representación del país, a nivel nacional e internacional, a ciudadanos que carecen de preparación académica y experiencia.
Sólo basta tener un pariente político para ocupar una posición, en la que otros y otras con sacrificios y dedicación, se queman las pestañas para alcanzar un título.
Decisiones de esta naturaleza provocan decepción, pues, en algunos casos, no llega el cambio que tanto se prometió. Se observa lo mismo de siempre, lo único que cambian son los nombres. Hay tantos panameños idóneos, que con su trabajo honesto, todos los días le sirven al país, pero que lamentablemente no son políticos, ni están respaldados por parientes políticos.
